El exsenador Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, enfrentan un juicio oral en Paraguay por tentativa de contrabando de USD 211.000, 3.9 millones de pesos argentinos y 640.000 guaraníes, detectados el 4 de diciembre de 2024 en el Puente de la Amistad (Ciudad del Este-Foz do Iguazú). El juez Humberto Otazú elevó la causa a juicio el 30 de julio, rechazando nulidades y validando pruebas como videos de seguridad. La pena por contrabando podría ser de hasta 2.5 años o una multa, pero el proceso, con apelaciones a la Cámara de Apelaciones y la Corte Suprema paraguaya, podría extenderse años, permitiéndoles permanecer en arresto domiciliario en Asunción con tobilleras electrónicas.
Ambos rechazan la extradición simplificada solicitada por la jueza Sandra Arroyo Salgado (San Isidro), quien los investiga por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en la causa Securitas, vinculada a presuntas coimas por contratos en ENERSA (Entre Ríos) entre 2017-2019. Kueider, exaliado de Javier Milei, es cuestionado por su voto decisivo en la Ley Bases de 2024, con especulaciones en X sobre posibles coimas. En Entre Ríos, enfrenta otra causa por enriquecimiento ilícito por cinco departamentos en Paraná (valuados en USD 150.000-350.000), cuyas expensas pagaba una empresa ligada a Kueider. En Paraguay, Guinsel intentó comprar departamentos por USD 700.000, lo que refuerza las sospechas de lavado.
Kueider niega las acusaciones, afirmando que los dólares provienen de “negocios en Paraguay” y no de coimas. La defensa apela la constitucionalidad del operativo y las pruebas, buscando dilatar el proceso, similar al caso de Pepín Rodríguez Simón, quien evitó extradición desde Uruguay durante tres años. El gobierno paraguayo de Santiago Peña, afín a Milei, podría influir en favor de Kueider, potencialmente otorgándole refugio por “persecución política” tras el juicio. Mientras, el proceso de extradición está pausado hasta resolver la causa paraguaya, manteniendo a ambos en una cómoda vivienda en Asunción.