Los peritos de la Corte Suprema de Justicia actualizaron el monto que Cristina Kirchner y los otros ocho condenados en la causa Vialidad deberán devolver al Estado en forma solidaria: $684.990.350.139,86 (aproximadamente USD 540 millones al tipo de cambio actual), frente a los $85.000 millones establecidos en la sentencia de diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2). El cálculo, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC y normas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, refleja el perjuicio por sobreprecios del 64%, cartelización y pagos por obras no realizadas en 51 contratos viales adjudicados al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz entre 2003 y 2015. El TOF 2, presidido por el juez Jorge Gorini, debe ahora evaluar el informe pericial.
La sentencia, ratificada por la Cámara de Casación Penal en noviembre de 2024 y la Corte Suprema en junio de 2025, condenó a Kirchner a 6 años de prisión (que cumple en su domicilio) y una inhabilitación perpetua para cargos públicos por liderar un esquema de corrupción durante los gobiernos de Néstor Kirchner y el suyo. Los otros condenados son Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez, y Raúl Daruich, con penas de 3 a 6 años. La maniobra, calificada como un “grave hecho de corrupción sin precedentes”, involucró la adjudicación del 86% de las obras viales en Santa Cruz a empresas de Báez, amigo y socio de los Kirchner.
El fiscal Diego Luciani solicitó embargar 25 propiedades cedidas por Kirchner a sus hijos Máximo y Florencia en 2016, USD 4,6 millones en cuentas y cajas de seguridad, y acciones de Hotesur S.A., Los Sauces S.A., y COMA S.A.. Báez enfrenta embargos sobre 130 inmuebles y acciones de Austral Construcciones y otras firmas. Si los condenados no pagan en 10 días tras la intimación del TOF 2, se ejecutarán los bienes. Los fondos decomisados, según la Ley 23.853, irán al Poder Judicial, aunque los fiscales proponen destinarlos a necesidades sociales como salud, educación o vivienda. La causa, iniciada en 2008 por Elisa Carrió, es la primera condena firme contra Kirchner, quien enfrenta otros procesos como Hotesur-Los Sauces y Cuadernos.