El ex presidente Alberto Fernández amplió su indagatoria el 4 de julio de 2025 ante el juez Sebastián Casanello en los tribunales de Comodoro Py, en la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros estatales durante su gestión (2019-2023). Durante casi dos horas, Fernández respondió preguntas de su abogada, Mariana Barbitta, el juez y el fiscal Carlos Rívolo, defendiendo la legitimidad del Decreto 823/2021, que obligó a organismos públicos a contratar pólizas con Nación Seguros, y negando cualquier favorecimiento a brokers, especialmente a Héctor Martínez Sosa, amigo personal y esposo de su exsecretaria María Cantero. Fernández solicitó que se cite como testigos a Vilma Ibarra (exsecretaria Legal y Técnica), Miguel Pesce (ex Banco Central), Juan Pablo Cafiero (excanciller), y Martín Guzmán (exministro de Economía) para respaldar su versión.
Un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), de 662 páginas, reveló que Fernández facturó 4.257.000 pesos (valores de la época) a la empresa de Martínez Sosa (HMS SA y Austral Consulting SA) entre 2010 y 2019 por supuestos servicios profesionales, con la última factura emitida el 6 de diciembre de 2019, cuatro días antes de asumir la presidencia. Fernández explicó que estas facturas, que incluyeron 1.422.000 pesos en 2019, correspondían a informes de coyuntura política y económica elaborados para varios clientes, incluyendo Sancor Seguros y dos sindicatos, y no solo para Martínez Sosa. Negó cualquier conflicto de intereses, afirmando que los servicios eran legítimos y que las retenciones impositivas por “locación de obra y/o servicios” y “ejercicio como síndico o director de S.A.” están documentadas.
La causa, que investiga 45 contratos por 3.453.302.777 pesos (de los cuales Martínez Sosa obtuvo el 42%, unos 2.297.820.134 pesos), apunta a un supuesto esquema de defraudación al Estado mediante comisiones millonarias a brokers, con Nación Seguros como intermediaria. Fernández reiteró que el Decreto 823/2021 buscaba terminar con la “cartelización” del mercado asegurador, limitando comisiones al 10% por decisión interna de Nación Seguros, y que no menciona brokers ni intermediarios, desestimando un “direccionamiento irregular”. Su abogada afirmó que la imputación es “genérica” y carece de pruebas concretas, acusando un “direccionamiento político” en la investigación.
El jueves 3 de julio, la Cámara Federal (Martín Irurzun y Eduardo Farah, con disidencia de Roberto Boico) revocó la inhibición de bienes de Fernández, Martínez Sosa, Cantero, y otros 50 imputados, ordenada por Casanello en abril de 2024, por considerar que carecía de fundamentación tras seis meses sin resolución procesal. El tribunal instó a Casanello a definir pronto si procesa o sobresee a los imputados.
La investigación, iniciada tras una nota de Clarín en febrero de 2024, incluye a exfuncionarios de Nación Seguros como Alberto Pagliano y a la cooperativa 7 de Mayo, sospechada de ser una fachada para desviar fondos (pagó 12.072.240 pesos por plateas en River Plate). También se analiza el rol de Daniel Rodríguez, exadministrador de la Quinta de Olivos, cuyo patrimonio está bajo escrutinio. Casanello ordenó peritar celulares y levantar el secreto fiscal de varios implicados, mientras la UIF aportó datos sobre posibles coimas.