El litigio por la expropiación de YPF en 2012 sumó un nuevo capítulo con la orden de la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que obliga a Argentina a entregar el 51% de las acciones de la petrolera a los demandantes, liderados por el fondo Burford Capital. Este fallo, parte de una condena que supera los USD 17.000 millones (incluyendo intereses), es el más costoso en la historia del Estado argentino y desató un impacto en los mercados, con caídas de hasta el 5,7% en las acciones de YPF en Buenos Aires y 5,6% en Wall Street. A continuación, las 10 claves para entender este conflicto judicial y sus implicancias:

1. Origen del conflicto: En 2012, bajo el gobierno de Cristina Kirchner, Argentina expropió el 51% de las acciones de YPF en manos de Repsol, invocando el interés público. La Ley 26.741 permitió la operación, pero omitió el estatuto de YPF, que exigía una oferta pública de adquisición para los accionistas minoritarios, base del juicio iniciado en 2015.
2. Los demandantes: El principal beneficiario es Burford Capital, un fondo inglés que compra derechos de litigio. Adquirió los derechos de Petersen Energía (ex-Grupo Eskenazi) y Eton Park, accionistas minoritarios perjudicados por la expropiación. Burford, a menudo comparado con un “fondo buitre”, invirtió USD 400 millones y busca maximizar ganancias.
3. Rol de Burford Capital: Desde 2015, Burford lidera una estrategia agresiva en tribunales estadounidenses, logrando fallos favorables. Su objetivo es obtener una indemnización millonaria, aprovechando la jurisdicción de Nueva York, donde YPF cotiza en Wall Street.
4. Monto reclamado: En septiembre de 2023, Preska condenó a Argentina a pagar USD 16.100 millones (USD 14.400 millones para Burford y USD 1.700 millones para Eton Park). Con intereses de USD 2,5 millones diarios, la deuda supera los USD 17.000 millones, la mayor en la historia contra el Estado argentino.
5. Sentencia de Preska: El 30 de junio de 2025, Preska ordenó transferir el 51% de las acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia en el Bank of New York Mellon dentro de 14 días, para luego cederlas a los demandantes. La jueza argumentó que Argentina usa estas acciones para actividades comerciales en EE.UU., lo que las hace embargables bajo la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras.
6. Respuesta del Gobierno: El gobierno de Javier Milei anunció que apelará el fallo, buscando suspender su ejecución. La apelación se presentará ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, aunque Preska podría exigir garantías monetarias o de activos. Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, criticó la estrategia legal argentina y anticipó más medidas adversas.
7. Proceso en curso: Además de la apelación por la entrega de acciones, sigue abierta la apelación sobre el fallo de fondo (USD 16.100 millones), presentada en 2023. Argentina podría llegar a la Corte Suprema de EE.UU., pero las chances de revertir la condena son bajas. La ONG Republican Action for Argentina (RAFA) intentó anular el fallo en 2025, sin éxito.
8. Otras demandas internacionales: Argentina enfrenta juicios por USD 4.500 millones en el CIADI y otros tribunales, relacionados con contratos energéticos y deuda pública. Estas obligaciones, sumadas al caso YPF, agravan la presión sobre las reservas del Banco Central, ya debilitadas.
9. Impacto económico: El fallo llega en un momento crítico, con el Gobierno enfocado en el ajuste fiscal, la acumulación de reservas y la estabilidad cambiaria. La caída de bonos, acciones y el alza del dólar financiero (superando $1.200) reflejan la incertidumbre. YPF, clave en el desarrollo de Vaca Muerta, enfrenta riesgos en su expansión para exportar GNL.
10. Repercusiones políticas: El oficialismo culpa a la gestión de Cristina Kirchner y Axel Kicillof (entonces ministro de Economía) por la “mala praxis” expropiatoria. La oposición critica la defensa legal actual y la falta de previsión. Milei afirmó en X que el fallo es responsabilidad de Kicillof, avivando el debate político en un año electoral.

Contexto y perspectivas

La expropiación de YPF, presentada en 2012 como un acto de “soberanía energética”, generó un litigio que expone la fragilidad fiscal de Argentina. Burford Capital está abierto a negociar, aceptando bonos o plazos extendidos, pero la falta de diálogo complica las opciones. La transferencia de acciones requiere aprobación del Congreso por dos tercios, lo que limita su ejecución inmediata. El fallo de Preska, aunque apelable, refuerza la presión sobre un país con reservas bajas y una deuda pública del 85% del PBI. Las apelaciones podrían extenderse un año, pero los costos crecen diariamente, y la resolución final impactará la estrategia económica y las negociaciones internacionales de Argentina.