La exprimera dama Fabiola Yáñez solicitará una condena de 12 años de prisión para el expresidente Alberto Fernández en la causa por violencia de género, tras la finalización de la etapa de investigación por parte del fiscal federal Ramiro González. El caso, que incluye acusaciones de lesiones leves y graves agravadas y amenazas coactivas, está a un paso del juicio oral, marcando un hito como el primer caso de un expresidente argentino procesado por este delito.
Detalles del pedido de Yáñez
Los abogados de Yáñez, liderados por Mariana Gallego, presentarán un pedido formal para que el caso sea elevado a juicio, basándose en la sumatoria de hechos probados: lesiones físicas (como hematomas en el brazo y ojo derecho en 2021) y violencia psicológica sistemática, incluyendo amenazas y aislamiento forzado en la Quinta de Olivos durante el mandato de Fernández (2019-2023). Según la querella, estos hechos justifican una pena de hasta 12 años, considerando las agravantes por el contexto de violencia de género y la desigualdad de poder en la relación.
El fiscal González, tras cerrar la investigación, trasladó el expediente a Yáñez para que emita su opinión formal, conforme al Código Procesal Penal. Una vez recibida la respuesta, González presentará el requerimiento de elevación a juicio ante el juez Julián Ercolini. La defensa de Fernández, representada por Mariano Fernández Llorente, podrá responder por escrito y, según lo esperado, apelará la decisión. Ercolini decidirá si el caso avanza a juicio oral.
Avances y antecedentes de la causa
En abril de 2025, la Cámara Federal porteña, con las firmas de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, confirmó el procesamiento de Fernández por “lesiones leves y graves agravadas por el contexto de violencia de género” y “amenazas coactivas”. El fallo destacó la desigualdad de poder en la relación, especialmente en la Quinta de Olivos, donde Yáñez vivía en un entorno de aislamiento forzado bajo la autoridad de Fernández. Los jueces señalaron que los hechos causaron un “deterioro marcado” en la salud física y emocional de Yáñez, con episodios de violencia desde 2016 hasta 2024.
La investigación comenzó en agosto de 2024, tras una denuncia de Yáñez presentada desde Madrid, donde reside con su hijo Francisco, fruto de su relación con Fernández. Las pruebas incluyen fotos de lesiones (hematomas en el brazo y ojo) enviadas por Yáñez a María Cantero, exsecretaria de Fernández, y chats de WhatsApp que detallan agresiones físicas y psicológicas. También se citan testimonios de la madre de Yáñez, el exujier de Olivos Daniel Rodríguez, y el médico presidencial Federico Saavedra, entre otros.
En febrero de 2025, Ercolini procesó a Fernández, impuso un embargo de 10 millones de pesos (unos USD 8.000) y una orden de restricción que le prohíbe contactar a Yáñez o acercarse a menos de 500 metros de ella.
La defensa de Fernández
Fernández, de 66 años, niega las acusaciones y califica la causa como un “fraude procesal sin precedentes”. En una apelación de 59 páginas, su defensa argumentó que no hay pruebas directas, que los chats no provienen del celular original de Yáñez (quien reportó haberlo perdido) y que las lesiones podrían deberse a “tratamientos estéticos” o ser autoinfligidas. Fernández también denunció a Yáñez por “falso testimonio” y sugirió motivaciones políticas detrás de la acusación, apuntando al gobierno de Javier Milei.
En entrevistas, Fernández admitió “discusiones verbales mutuas” pero negó cualquier acto de violencia física, afirmando: “Nunca he golpeado a una mujer”. Su defensa también cuestionó la credibilidad de Yáñez, alegando que ella guardó fotos para usarlas posteriormente.
Contexto político y social
La causa generó un fuerte impacto político. Cristina Kirchner, exvicepresidenta de Fernández, condenó los hechos y criticó la “revictimización” de Yáñez por la filtración de imágenes, destacando que la violencia de género “no tiene bandera partidaria”. El gobierno de Milei, por su parte, cuestionó el costo de la seguridad asignada a Yáñez en Madrid (USD 147.000 desde agosto de 2024), lo que llevó a la exprimera dama a renunciar a su custodia estatal en enero de 2025.
El caso, que podría llevar a Fernández a una condena de hasta 18 años si se suman todas las acusaciones, marca un precedente histórico. Sin embargo, posts en X señalan que la causa perdió fuerza en octubre de 2024 debido a la negativa de Yáñez a entregar su teléfono completo, lo que generó sospechas judiciales sobre posibles filtraciones inconvenientes para ella. La decisión final de Ercolini determinará si el juicio oral avanza, en un contexto de alta sensibilidad política y social.