Mientras el discurso oficial repite promesas de transparencia y renovación, en Ituzaingó —bajo el gobierno del intendente Juan Pablo Valdés y con el respaldo directo del gobernador Gustavo Valdés— un caso de impunidad estremece a la comunidad: Néstor Rojo, director de Estadística de la Municipalidad, sigue en su cargo a pesar de haber sido denunciado por abuso sexual a un menor, violencia de género y abuso de poder.
Lejos de ser apartado o investigado, Rojo parece gozar de una protección que solo se explica desde las altas esferas del poder. Amigo y alfil político de los hermanos Valdés, fue visto en múltiples actos oficiales, campañas partidarias y gestiones públicas donde se usaron recursos del Estado para sostener su figura. Las denuncias en su contra, públicas y reiteradas, fueron directamente ignoradas por los referentes de Vamos Corrientes, que nunca se pronunciaron al respecto.
El caso deja al descubierto una dinámica de privilegios que define a lo que muchos en Ituzaingó ya llaman la casta municipal: un grupo de funcionarios que se mueven con impunidad, protegidos por vínculos políticos, y que responden más a lealtades partidarias que al interés público.
Mientras tanto, las víctimas esperan respuestas y los ciudadanos ven cómo la estructura del poder local se cierra en sí misma, blindando a los suyos sin importar las denuncias. En un contexto donde la confianza en las instituciones se erosiona cada vez más, sostener a funcionarios cuestionados es un golpe directo a la justicia y la democracia.