En una jugada que ya generó fuertes cuestionamientos en sectores políticos y jurídicos, el gobernador Gustavo Valdés firmó el Decreto N° 1260, modificando aspectos clave del Código Electoral de la provincia a menos de tres meses de las elecciones generales del 31 de agosto. La medida apunta a restringir el uso de boletas adheridas o “listas colectoras” y a condicionar el vínculo entre candidaturas municipales y provinciales, lo que genera un fuerte impacto sobre las estrategias de los partidos opositores.
Según se detalla en el texto oficial, a partir de ahora solo podrán adherirse boletas entre alianzas perfectamente coincidentes en todos los niveles. Esto deja afuera a múltiples fuerzas locales que, históricamente, acompañaban boletas provinciales sin formar parte orgánica de ellas. También se impide que un mismo candidato municipal adhiera su boleta a más de una fórmula provincial.
La modificación no fue discutida públicamente ni debatida en el ámbito legislativo, y llega justo cuando algunos armados opositores ganaban volumen territorial con la adhesión de listas vecinales o partidos locales con fuerte arraigo en sus comunidades. En los pasillos políticos se interpreta como un intento por trabar el crecimiento de alternativas internas dentro del oficialismo y limitar el juego de alianzas de los opositores, justo en un contexto de tensión creciente dentro de la coalición gobernante.
“Cambiar las reglas de competencia sobre la marcha es propio de democracias debilitadas”, sostuvo un dirigente de la oposición, que pidió reserva de identidad. La crítica también se hizo sentir entre abogados y analistas electorales, que advierten que la limitación a los pegados múltiples puede violar el principio de equidad política y consagra una ventaja desleal al armado oficialista.
En paralelo, preocupa el uso discrecional de la Justicia Electoral, que, según el decreto, tendrá ahora mayor margen para decidir el tipo de papel de las boletas. Aunque parece un detalle técnico, podría tener consecuencias operativas que afecten la igualdad de condiciones entre partidos más chicos y grandes estructuras.
Mientras tanto, Valdés continúa utilizando los actos institucionales como plataforma política, mientras ajusta desde el Ejecutivo los mecanismos que estructuran el proceso electoral. La pregunta que queda flotando es: ¿es esto transparencia o control?
