Durante la gestión del gobernador Gustavo Valdés, el salario medio de los trabajadores de la administración pública provincial se desplomó en términos reales, generando una profunda preocupación en gremios, empleados estatales y sectores económicos que dependen del consumo interno.
Según un análisis basado en datos oficiales y comparativos, la pérdida del poder adquisitivo asciende a $450.000, lo que representa una caída del 32,5% desde el inicio del actual mandato. En otras palabras, hoy un empleado público cobra casi un tercio menos que hace cuatro años, medido en moneda constante.
La crisis salarial contrasta con los discursos de “orden fiscal” y “equilibrio presupuestario” que el mandatario repite en sus actos de campaña. Mientras Valdés recorre la provincia prometiendo crecimiento y modernización, miles de trabajadores estatales ven deteriorarse su nivel de vida mes a mes, producto de aumentos por debajo de la inflación, bonos no remunerativos y una política salarial que ha priorizado el ajuste.
“Esto no es una percepción, es una realidad. Lo que antes alcanzaba para cubrir gastos básicos, hoy no cubre ni la mitad. Cada mes retrocedemos”, expresó una docente en una manifestación reciente frente a Casa de Gobierno.
Además, la caída salarial tiene un impacto directo en el consumo local, especialmente en las ciudades del interior, donde la administración pública es el principal motor económico. Comercios vacíos, menor circulación de dinero y aumento en la toma de créditos personales son algunas de las consecuencias más visibles.
A pesar de las reiteradas promesas del Ejecutivo, no hay un plan claro de recomposición real para los próximos meses. Todo indica que el gobierno de Valdés cierra su ciclo con una pérdida histórica para el bolsillo de los estatales, y sin propuestas concretas para revertir la tendencia.
