La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha rechazado un recurso presentado por siete de los ocho rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa. En su intento por apartar a los jueces de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Dolores, la defensa de los acusados había solicitado la recusación de los magistrados, argumentando falta de imparcialidad en el proceso. Sin embargo, la decisión del máximo tribunal dejó firme la participación de estos jueces en futuras instancias del caso.
El fallo de la Corte Suprema y sus implicancias
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon «inadmisible» el pedido de los rugbiers, reafirmando así lo dispuesto previamente por la Cámara de Casación Penal y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Con esta resolución, los magistrados de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Dolores seguirán teniendo injerencia en cualquier recurso presentado por las defensas.
La estrategia de los condenados buscaba apartar a estos jueces de futuras decisiones sobre las sentencias, pero con este fallo, se cierran nuevas posibilidades para modificar la situación procesal de los acusados a corto plazo.
Las penas y el proceso judicial en curso
El crimen de Fernando Báez Sosa ocurrió en la madrugada del 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, cuando el joven de 18 años fue brutalmente atacado por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche. Las cámaras de seguridad y los testimonios de testigos fueron clave en la condena de los ocho acusados.
El 6 de febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores dictó las siguientes sentencias:
- Prisión perpetua para Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Matías Benicelli, Luciano Pertossi y Enzo Comelli, tras ser hallados culpables del delito de «homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas con alevosía».
- 15 años de cárcel para Lucas Pertossi, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz, condenados como partícipes secundarios del crimen.
Sin embargo, en julio de 2023, la Cámara de Casación bonaerense eliminó el agravante de «alevosía» de la sentencia inicial, aunque mantuvo las penas impuestas, lo que fue considerado un triunfo parcial para las defensas.
Los próximos pasos y las posibilidades de revisión
Actualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires está revisando las sentencias tras los recursos extraordinarios presentados por los abogados de los condenados. Este proceso puede extenderse por al menos dos años más antes de que las condenas queden firmes y se agoten las instancias de apelación dentro de la jurisdicción argentina.
A pesar de este último revés judicial, la defensa de los rugbiers aún podría intentar llevar el caso a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), argumentando supuestas irregularidades en el proceso. Sin embargo, este tipo de planteos suelen demorar varios años en ser tratados y no afectan el cumplimiento inmediato de las penas.
El impacto del caso y el pedido de justicia
El asesinato de Fernando Báez Sosa generó una profunda conmoción en la sociedad argentina y ha sido motivo de múltiples manifestaciones en reclamo de justicia. Los padres de Fernando, Graciela y Silvino, han encabezado cada acto conmemorativo exigiendo que las condenas sean firmes y que no haya beneficios para los responsables del crimen de su hijo.
Mientras tanto, los rugbiers condenados continúan cumpliendo sus penas en el penal de Melchor Romero, en condiciones de estricta seguridad, luego de haber sido trasladados desde la Unidad Penal de Dolores.
Con este fallo de la Corte Suprema, se refuerza la decisión de la Justicia de mantener las condenas y se debilita la estrategia de la defensa, que buscaba dilatar el proceso. La sociedad sigue de cerca cada novedad del caso, que ha marcado un precedente en el debate sobre la violencia en la juventud y la necesidad de mayor prevención para evitar hechos similares en el futuro.