En septiembre de 2024, la Guardia Nacional descubrió el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, durante un operativo que resultó en la detención de diez personas, la liberación de dos secuestrados y el hallazgo de un cadáver envuelto en plástico.
Tras este descubrimiento, la Fiscalía General de la República (FGR) identificó múltiples omisiones en la investigación realizada por la Fiscalía del Estado de Jalisco (FE). El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, detalló al menos 13 fallas en el procesamiento e investigación del rancho Izaguirre.
Entre las principales omisiones se encuentran:
- No realizar un rastreo adecuado de indicios o huellas en el lugar.
- No registrar ni identificar correctamente las prendas de vestir y calzado encontrados.
- No procesar debidamente los vehículos localizados en el predio, de los cuales tres resultaron ser robados.
- No informar a la FGR sobre delitos federales, como la posesión de armas de alto calibre y delincuencia organizada.
- No inspeccionar exhaustivamente el inmueble.
- No identificar huellas dactilares en el lugar.
- No emitir un dictamen definitivo sobre la antigüedad e identidad de los restos encontrados, ni analizar posibles actividades crematorias en el sitio.
- No investigar posibles vínculos entre autoridades locales y cárteles delictivos que operan en la región.
- No seguir adecuadamente las declaraciones de víctimas que indicaban que las prendas halladas pertenecían a personas reclutadas y entrenadas por el cártel en ese lugar.
- Abandonar el inmueble sin protección, a pesar de estar asegurado por el Ministerio Público local.
- No identificar los antecedentes ni la propiedad actual del rancho.
- No tomar declaraciones inmediatas a autoridades municipales y policiales locales.
- No preservar el lugar, permitiendo que colectivos de búsqueda ingresaran sin medidas de seguridad.
Estas omisiones han generado críticas hacia la Fiscalía de Jalisco por su manejo del caso. La FGR ha asumido la responsabilidad de la investigación y está evaluando posibles responsabilidades de funcionarios locales, así como la naturaleza de las actividades ilícitas en el rancho, incluyendo la existencia de hornos crematorios o centros de reclutamiento.
El Rancho Izaguirre es ahora una prioridad para el gobierno mexicano. La FGR ha solicitado con urgencia los peritajes y acciones realizadas por las autoridades de Jalisco para avanzar en la investigación y esclarecer los hechos ocurridos en este lugar.
Este caso ha generado una profunda consternación en la sociedad mexicana y ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de investigación y coordinación entre las distintas instancias de gobierno para enfrentar la violencia y la desaparición de personas en el país.