Un grupo de familiares de los 59 rehenes aún en Gaza presentó una petición ante el Tribunal Supremo de Israel para revertir el apagón eléctrico impuesto por el gobierno israelí, argumentando que pone en peligro la vida de sus seres queridos. «La decisión de cortar el suministro eléctrico se tomó sin la debida autorización, ignorando las consecuencias directas para el bienestar de los rehenes», sostienen en un comunicado.
El corte de electricidad afecta una planta desalinizadora que abastece a más de 600.000 personas en la Franja. Hamas denunció que esto podría generar «una sequía catastrófica», mientras que la Unión Europea criticó la medida por ser «incoherente con el alto el fuego y la liberación de rehenes».