A pocos días del inicio de clases, cientos de estudiantes y tutores acuden al Municipio capitalino para tramitar el boleto estudiantil gratuito. Sin embargo, muchos se encuentran con la sorpresa de que fueron sancionados y deberán pagar la tarifa plana durante todo el año.
Los usuarios denuncian la falta de explicaciones concretas por parte del personal municipal y la ausencia de información clara sobre el funcionamiento del sistema. La sanción más frecuente ocurre cuando otra persona utiliza la tarjeta SUBE de un estudiante: si un chofer o inspector detecta la maniobra, el titular pierde el beneficio por un año sin previo aviso.
Esta penalización, que no contempla situaciones como la pérdida de la tarjeta sin denuncia, obliga a las familias a afrontar gastos superiores a los $50.000 mensuales en transporte. En casos de doble turno o Educación Física en horarios extra, la cifra supera los $70.000.
Además de los estudiantes, el recorte de pasajes gratuitos también afecta a jubilados, personas con discapacidad y beneficiarios de planes sociales, en el marco de la Emergencia Vial y de Transporte vigente en la ciudad.