La próxima puesta en marcha de una ruta comercial entre Punta Arenas, Chile, y las Islas Malvinas reavivó las diferencias diplomáticas y políticas con Argentina. El servicio, que sería operado por el buque de carga Danstar, busca reducir los costos y los tiempos de abastecimiento del archipiélago, pero genera preocupación por su posible vinculación con el desarrollo de proyectos de hidrocarburos en el Atlántico Sur.
La iniciativa es impulsada por la naviera Easter Island bajo un contrato con la Falkland Islands Development Corporation (FIDC). Según lo previsto, el primer viaje podría realizarse entre fines de noviembre y principios de diciembre de 2026.
Mientras las autoridades chilenas sostienen que se trata de una operación comercial entre privados, distintos sectores políticos argentinos advierten sobre sus posibles consecuencias para el reclamo de soberanía y los intereses económicos del país.
El buque Danstar y los detalles de la nueva conexión
El Danstar, un carguero de bandera chilena con capacidad para transportar 1.389 toneladas, tiene previsto unir Punta Arenas con Malvinas a través del Estrecho de Magallanes. El recorrido sería de aproximadamente 900 kilómetros y demandaría dos días y medio, de acuerdo con las estimaciones difundidas por la empresa.
La ruta permitiría reducir a menos de la mitad la distancia respecto del abastecimiento marítimo que actualmente parte desde Montevideo, Uruguay, a unos 2.000 kilómetros del archipiélago.
Entre las mercancías previstas figuran frutas frescas, productos lácteos, madera, cemento, gas licuado, maquinaria pesada, alimentos para animales, ganado en pie y vinos chilenos.
El gerente comercial de Easter Island, Luis Cisternas Ávila, explicó que el servicio se desarrollará por el Estrecho de Magallanes y no por el paso Drake.
Por su parte, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, estimó que el intercambio comercial podría superar los US$20 millones anuales. La iniciativa representa una oportunidad para ampliar la actividad portuaria y comercial de la ciudad chilena.
La logística y su importancia estratégica para Malvinas
Las Islas Malvinas dependen de conexiones externas para abastecerse de buena parte de los productos que necesitan. Según los datos citados en el informe original, el archipiélago tiene una población residente estimada en 3.400 personas, además de personal militar británico y contratistas civiles vinculados con la base de Mount Pleasant.
Actualmente, el abastecimiento incluye un servicio marítimo mensual desde Montevideo, conexiones regulares desde el Reino Unido y un vuelo semanal de LATAM desde Punta Arenas.
La nueva ruta permitiría diversificar esas conexiones y reducir los costos logísticos. Sin embargo, desde el ámbito académico argentino se advierte que ampliar las alternativas de abastecimiento también podría contribuir a consolidar la presencia británica en las islas.
Un informe del Observatorio de Memoria, Investigación y Soberanía de la Universidad Nacional de Rosario sostiene que las conexiones con Sudamérica forman parte de las condiciones estratégicas que influyen en la sostenibilidad de la presencia británica en el archipiélago.
El documento señala que una ruta comercial no modifica por sí misma la cuestión jurídica de la soberanía, aunque puede facilitar el abastecimiento y fortalecer las redes logísticas que sostienen la actividad económica.
La preocupación argentina por el proyecto petrolero Sea Lion
Uno de los principales puntos de discusión es la posibilidad de que la conexión marítima también pueda facilitar el suministro de materiales y equipos vinculados con la actividad hidrocarburífera en la zona.
En particular, sectores políticos y organizaciones argentinas expresaron preocupación por una eventual relación entre la ruta y el proyecto petrolero Sea Lion, que prevé el desarrollo de recursos en aguas próximas a las islas.
El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata envió una carta documento al canciller Pablo Quirno para solicitar que se evalúe la aplicación de la Ley 26.659. Esa norma establece sanciones relacionadas con actividades comerciales, financieras, logísticas o técnicas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización.
La organización sostiene que la ruta podría tener implicancias para el abastecimiento de las actividades que considera ilegítimas. No obstante, la información proporcionada no acredita que el Danstar tenga un contrato específico para transportar suministros destinados a Sea Lion.
La discusión se produce, además, en un contexto en el que las autoridades de las islas anunciaron la extensión de licencias de producción de hidrocarburos offshore, con respaldo del Reino Unido.
Los proyectos presentados en el Congreso argentino
La controversia también llegó al Congreso Nacional, donde integrantes de Unión por la Patria impulsaron iniciativas para analizar las consecuencias de la conexión comercial.
El diputado Guillermo Michel presentó un proyecto de ley para denunciar el Tratado de Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones y el Convenio de Doble Imposición Fiscal vigentes con Chile.
En paralelo, el excanciller Santiago Cafiero, junto con Nicolás Trotta y otros integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, promovió un proyecto de resolución para convocar al embajador chileno en Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera. El objetivo es solicitar explicaciones sobre los alcances de la ruta y su posible relación con el proyecto Sea Lion.
En Tierra del Fuego, la legisladora María Victoria Vuoto impulsó una iniciativa de declaración de rechazo que solicita al Poder Ejecutivo Nacional realizar gestiones diplomáticas ante Chile y presentar información sobre el itinerario, las cargas y las autorizaciones correspondientes.
La postura de Cancillería y los límites legales
El Gobierno nacional busca evitar una escalada diplomática con Chile, en un contexto de relaciones políticas fluidas entre las administraciones de Javier Milei y José Antonio Kast.
El canciller Pablo Quirno reconoció las limitaciones que enfrenta Argentina para impedir el tránsito de la embarcación. En declaraciones a A24, afirmó que el país no puede frenar el denominado derecho de paso inocente.
Este principio está contemplado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ratificada por Argentina mediante la Ley 24.543. Además, el Tratado de Paz y Amistad de 1984 entre Argentina y Chile establece obligaciones vinculadas con la navegación hacia y desde el Estrecho de Magallanes.
Al mismo tiempo, Quirno sostuvo que quienes contribuyan directa o indirectamente a la exploración o explotación de recursos que Argentina considera propios difícilmente podrán aspirar a compartir los beneficios del crecimiento económico del país.
En paralelo, Argentina presentó el 13 de octubre una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para impedir la explotación británica de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. De acuerdo con la información del artículo original, las audiencias están previstas para el 10 y 11 de noviembre.
Tierra del Fuego prepara una iniciativa para regular las operaciones marítimas
El Gobierno de Tierra del Fuego trabaja en un proyecto legislativo para regular las operaciones marítimas dentro de las doce millas del departamento Islas del Atlántico Sur. La propuesta contempla mecanismos de detección y sanción para empresas que operen sin autorización provincial, además de posibles restricciones para desarrollar actividades en otras partes del país.
El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia, Andrés Dachary, explicó que la iniciativa busca establecer herramientas normativas específicas para el territorio insular.
Según el funcionario, las sanciones podrían aplicarse sin distinción de bandera, por lo que alcanzarían a embarcaciones que zarpen desde puertos chilenos, uruguayos o de otros países.
Dachary señaló que la provincia no pretende aprobar una norma apresurada para impedir el primer viaje del Danstar, sino avanzar con una legislación que considere eficaz y jurídicamente adecuada.
También cuestionó la decisión de autoridades de Punta Arenas de establecer vínculos comerciales con las autoridades de las islas, mientras Chile mantiene su respaldo formal al reclamo argentino de soberanía.
Una disputa comercial con consecuencias diplomáticas
La conexión entre Punta Arenas y Malvinas enfrenta intereses comerciales, cuestiones jurídicas y diferencias políticas vinculadas con la soberanía argentina sobre el archipiélago.
Para Chile, la iniciativa representa una oportunidad de ampliar su actividad portuaria y captar parte del comercio que actualmente se canaliza a través de Uruguay. Para distintos sectores argentinos, en cambio, el proyecto plantea interrogantes sobre sus posibles efectos en la logística de las islas y en el desarrollo de actividades económicas que el país cuestiona.
Dachary destacó la diferencia entre la escala del intercambio comercial bilateral entre Argentina y Chile, que estimó en unos US$8.000 millones, y los US$20 millones anuales que podría representar la nueva ruta.
El desafío para el Gobierno argentino será definir qué medidas diplomáticas y normativas puede adoptar sin desconocer los compromisos internacionales sobre navegación y sin generar un deterioro mayor en la relación con Chile.
