El Decreto 1205/2026, publicado en el Boletín Oficial, restringe la difusión de información sobre determinadas adquisiciones militares, incluidos datos sobre los materiales, los costos y los proveedores. La medida se conoce en medio de nuevos reclamos diplomáticos de Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas.
El Gobierno nacional dispuso clasificar como secreto militar las operaciones contractuales vinculadas con determinadas compras de material y equipamiento para las Fuerzas Armadas. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1205/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti, y publicado en el Boletín Oficial.
La normativa limita el acceso público a información relacionada con las adquisiciones alcanzadas por la medida. Según el texto oficial citado, la decisión responde a la necesidad de proteger datos cuya divulgación podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa del país.
La disposición se conoce en un contexto de tensiones diplomáticas con el Reino Unido por la cuestión de las Islas Malvinas y de iniciativas impulsadas por la Argentina para defender sus reclamos de soberanía.
Qué información quedará bajo secreto militar
El decreto establece que las operaciones contractuales vinculadas con las adquisiciones comprendidas deberán tramitarse bajo un régimen de reserva. Esto alcanza a información sobre las características y la finalidad del equipamiento, así como a datos relativos a las compras, sus costos y los proveedores.
La norma también exceptúa a los organismos contratantes de cumplir con las disposiciones habituales de publicidad y difusión de las actuaciones correspondientes a esos procedimientos.
De acuerdo con los fundamentos del decreto, el objetivo es que la información sea conocida únicamente por personas autorizadas cuando su difusión pueda afectar la seguridad nacional o comprometer las capacidades de defensa.
La medida no implica, según la información disponible en el artículo fuente, que todas las compras militares queden automáticamente alcanzadas: la reserva se refiere a las adquisiciones identificadas dentro del proceso al que alude la normativa.
Los fundamentos legales de la decisión
Entre los argumentos citados por el Gobierno aparece la Ley de Defensa Nacional 23.554, que establece que la defensa debe coordinar la acción de las fuerzas de la Nación ante conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, de manera disuasiva o efectiva, frente a agresiones de origen externo.
La legislación también fija como objetivos de la Defensa Nacional la protección de la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la capacidad de autodeterminación de la Argentina, además de la vida y la libertad de sus habitantes.
El decreto menciona, asimismo, la Ley 24.948, que asigna al Ministerio de Defensa responsabilidades en la evaluación y decisión sobre los requerimientos de equipamiento que contribuyan a las capacidades operativas necesarias para cumplir los objetivos de la defensa.
Sobre esa base, el Gobierno sostiene que ciertas adquisiciones requieren un tratamiento reservado por la naturaleza, las características y la finalidad del material involucrado.
El reclamo argentino por el proyecto petrolero Sea Lion
La decisión se conoce pocos días después de que el Gobierno argentino anunciara una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, para solicitar medidas provisionales destinadas a frenar actividades de explotación de hidrocarburos vinculadas al proyecto Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte.
Según la posición oficial argentina, la iniciativa busca preservar los derechos soberanos del país sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido profundicen la controversia.
La presentación forma parte de un procedimiento arbitral iniciado por la Argentina el 28 de septiembre de 2026, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
El Gobierno sostiene que estas acciones buscan defender los derechos argentinos sobre el territorio y los recursos naturales en disputa.
Defensa y soberanía, en el centro de la agenda oficial
La declaración de secreto militar sobre determinadas adquisiciones se inscribe en una agenda que combina el reequipamiento de las Fuerzas Armadas con los reclamos diplomáticos argentinos por las Islas Malvinas.
Mientras el Ejecutivo argumenta que la reserva resulta necesaria para proteger información sensible, la excepción a las reglas habituales de publicidad limita el acceso público a los detalles de las contrataciones alcanzadas.
El alcance concreto de las adquisiciones comprendidas y la información que quedará bajo reserva dependerán de los procedimientos vinculados con la aplicación del decreto.
