El Gobierno del Reino Unido rechazó las medidas impulsadas por la Argentina contra empresas e individuos vinculados con actividades comerciales y de hidrocarburos en las Islas Malvinas y calificó las sanciones de “inaceptables” y sin justificación legal.
La posición fue expresada este 18 de septiembre por Uma Kumaran, subsecretaria parlamentaria para los Territorios de Ultramar, a través de un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores británico. Londres también ratificó su respaldo a las compañías que operan en el archipiélago.
El respaldo británico a las empresas
En el comunicado, el Gobierno británico sostuvo que continuará apoyando a las empresas y personas que suministran bienes y servicios a las islas, tanto de manera directa como indirecta.
La declaración se produjo después de que la Argentina profundizara en las últimas semanas sus acciones legales y administrativas contra compañías vinculadas con proyectos de explotación de recursos naturales en el área de las Malvinas, particularmente en el sector hidrocarburífero.
Kumaran afirmó que el Gobierno británico y su red diplomática respaldan plenamente a las empresas alcanzadas por las medidas argentinas y anticipó que Londres continuará trabajando junto con el Gobierno de las islas para proteger sus intereses y promover nuevas oportunidades de inversión.
Dos posiciones enfrentadas sobre los recursos
El pronunciamiento volvió a poner de manifiesto las diferencias entre ambos países respecto de la soberanía y la explotación de los recursos naturales del archipiélago.
El Reino Unido reafirmó que considera a las Malvinas territorio británico y sostuvo que sus habitantes tienen derecho a desarrollar los recursos naturales de las islas, argumento que vincula con el principio de autodeterminación.
La Argentina mantiene una posición contraria y sostiene su reclamo de soberanía sobre las islas. Además, cuestiona las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en el área y considera que las empresas que participan de esos proyectos están sujetas a la legislación argentina en los ámbitos que Buenos Aires reivindica como propios.
El conflicto por el proyecto Sea Lion
Uno de los principales puntos de tensión es el proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration al norte de las islas.
La administración de Javier Milei avanzó con denuncias y nuevas medidas destinadas a sancionar a empresas que exploten recursos naturales sin autorización argentina. El 17 de septiembre, además, el Gobierno envió al Congreso un proyecto para ampliar el régimen de sanciones sobre actividades vinculadas con recursos naturales en áreas que Argentina considera bajo su soberanía.
En paralelo, una jueza federal argentina ordenó recientemente que Navitas y Rockhopper se abstengan de iniciar o continuar determinadas obras vinculadas con Sea Lion. La medida cautelar alcanza tareas de perforación, instalaciones submarinas y el inicio de la extracción comercial.
Las empresas, por su parte, sostienen que cuentan con licencias otorgadas por las autoridades de las islas y respaldadas por el Reino Unido.
Londres cuestionó el uso de mecanismos internacionales
El Gobierno británico también cuestionó cualquier intento de utilizar mecanismos internacionales contra empresas o personas que desarrollen actividades comerciales con las Malvinas.
Desde Londres señalaron que esas acciones son consideradas ilegítimas y reiteraron que las medidas argentinas contra compañías e individuos “no tienen justificación legal”.
El nuevo cruce se suma a la tensión diplomática que ambos países mantienen por la soberanía del archipiélago y por el desarrollo de actividades económicas, especialmente la exploración de hidrocarburos.