El plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto de la Cámara de Diputados volvió a analizar la continuidad de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, pero el debate quedó atravesado por las modificaciones que el proyecto de Presupuesto 2027 propone sobre distintos aspectos del sistema.
La Ley 27.793 establece la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de extenderla por un año más. Entre otras medidas, contempla mecanismos de financiamiento para pensiones no contributivas, prestadores y actualización de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.
Diferencias por el contenido del Presupuesto
Durante la reunión, diputados de distintos bloques opositores cuestionaron que el proyecto de Presupuesto 2027 incluya modificaciones relacionadas con la normativa de discapacidad mientras las comisiones analizan una posible prórroga de la emergencia.
Entre los puntos señalados aparecen cambios en el nomenclador de prestaciones, modificaciones vinculadas con las pensiones por discapacidad y la derogación o modificación de artículos de normas actualmente vigentes. Desde la oposición sostuvieron que estas disposiciones modifican el escenario sobre el cual se estaba discutiendo la continuidad de la Ley 27.793.
El diputado de Unión por la Patria Juan Marino, autor de uno de los proyectos de prórroga, cuestionó el contenido del Presupuesto y planteó que los cambios previstos deberían ser discutidos en conjunto con el debate sobre la emergencia.
El oficialismo plantea cambios al sistema
Desde La Libertad Avanza, las diputadas Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado señalaron que el proyecto presupuestario todavía puede ser modificado durante su tratamiento parlamentario y plantearon la posibilidad de corregir los aspectos cuestionados.
El Gobierno nacional, por su parte, había informado previamente ante la Comisión de Discapacidad que trabaja en una propuesta para extender la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027, además de actualizar el nomenclador, ordenar el sistema de pensiones y garantizar la continuidad de las prestaciones.
El Ejecutivo también sostiene que la aplicación de la Ley 27.793 requiere partidas presupuestarias específicas. El decreto de promulgación de la norma señaló que su ejecución quedó supeditada a que el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incorpore las partidas correspondientes al presupuesto.
Reclamos de los prestadores
Durante el plenario también expusieron representantes del sector de prestaciones para personas con discapacidad, quienes plantearon dificultades económicas y reclamaron una actualización de los valores y el cumplimiento de los plazos de pago.
Gilda Marcela Kriskovich, presidenta de la Asociación Civil de Prestadores de Discapacidad, afirmó que unos 50 centros habían cerrado en distintos puntos del país y reclamó valores que permitan sostener las prestaciones.
Los prestadores también cuestionaron posibles cambios en el esquema de aranceles y en la forma de establecer los valores de las prestaciones. El debate sobre estos mecanismos forma parte de la discusión parlamentaria sobre el futuro del sistema.
Un debate que continuará
La falta de consenso dejó abierta la discusión sobre cómo extender la emergencia y, al mismo tiempo, qué modificaciones introducir en el sistema de discapacidad a través del Presupuesto 2027.
El Gobierno sostiene que busca ordenar y actualizar el esquema vigente, mientras que distintos bloques opositores cuestionan que el proyecto presupuestario incorpore modificaciones de fondo mientras el Congreso analiza la prórroga de la emergencia.
Por ahora, ambos debates continúan vinculados y deberán avanzar en las comisiones antes de que pueda definirse el próximo paso legislativo.