El expresidente de Bolivia Evo Morales presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud para que se impulsen medidas provisionales de protección ante lo que considera un agravamiento de las amenazas y acciones judiciales en su contra durante el gobierno de Rodrigo Paz Pereira.
El pedido sostiene que Morales se encuentra en una situación de vulnerabilidad y que existiría una serie de acciones estatales destinadas a perseguirlo y detenerlo. Como respaldo, sus representantes presentaron audios, transcripciones y testimonios vinculados con distintos episodios que, según su interpretación, demostrarían una estrategia política en su contra.
Las medidas provisionales solicitadas deben ser evaluadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la CIDH. Se trata de mecanismos previstos para situaciones de gravedad y urgencia en las que exista riesgo de daños irreparables. El organismo no tiene un plazo determinado para resolver el planteo.
El vínculo que Morales atribuye a Paz y Cerimedo
Uno de los principales elementos incluidos en la presentación es un audio de una conversación entre Rodrigo Paz y el consultor argentino Fernando Cerimedo, quien se encuentra detenido en Bolivia en el marco de una causa por el intento de femicidio de su expareja, Nadia Beller.
La grabación había sido presentada previamente ante el Ministerio Público por el vicepresidente boliviano Edmand Lara, enfrentado políticamente con Paz. Según la denuncia, en el diálogo se analiza la posibilidad de declarar un estado de sitio y realizar una intervención en la región del Trópico de Cochabamba, zona donde mantiene su actividad política el exmandatario.
La presentación interpreta determinados pasajes de la conversación como indicios de una estrategia contra esa región y contra Morales. Sin embargo, se trata de elementos incorporados a una denuncia y su alcance deberá ser establecido por las investigaciones correspondientes.
La detención de Morales aparece como un punto de conflicto
El documento presentado ante la CIDH también recopila declaraciones de funcionarios bolivianos sobre la posibilidad de detener al expresidente.
Según el planteo, el entonces comandante de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, había declarado a comienzos de agosto que detener a Morales no constituía una prioridad porque consideraba que la causa no tenía suficiente solidez.
Poco después, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, cuestionó públicamente esa posición y afirmó que para el Ejecutivo la detención del expresidente sí era prioritaria.
Sokol fue reemplazado el 1 de septiembre por el coronel Álvarez, quien posteriormente sostuvo una posición diferente y señaló que la aprehensión de Morales constituía una prioridad.
Para los abogados del exmandatario, estos episodios forman parte de un patrón de presión política y judicial. El Gobierno, por su parte, mantiene sus propias posiciones respecto de las causas y acusaciones que involucran al expresidente.
El intento de femicidio contra Nadia Beller
La presentación internacional también incorpora elementos relacionados con el ataque sufrido por Nadia Beller, expareja de Cerimedo.
Beller sostiene que el ataque fue organizado por Cerimedo y que previamente había recibido mensajes y propuestas para reunirse con personas que supuestamente buscaban denunciar a Morales por un presunto abuso.
El encuentro terminó con un ataque a tiros contra Beller a la salida de un hotel de Santa Cruz de la Sierra. La mujer había denunciado previamente episodios de violencia por parte de Cerimedo.
Uno de los señalados como presuntos sicarios, Aldo Silva Peña, difundió posteriormente videos desde la clandestinidad en los que realizó acusaciones que intentaban vincular con el hecho a personas relacionadas con el entorno político de Morales.
La defensa del expresidente considera que esas declaraciones podrían formar parte de un intento de involucrarlo en el ataque. Esta interpretación forma parte del planteo de Morales y deberá ser contrastada con las pruebas que surjan de la investigación judicial.
La denuncia plantea un supuesto patrón de hostigamiento
Los abogados de Morales sostienen que las situaciones denunciadas no constituyen hechos aislados, sino un supuesto patrón que incluiría hostigamiento político, persecución judicial, intimidaciones y declaraciones públicas de funcionarios.
El documento también menciona advertencias sobre posibles operativos policiales en el Trópico de Cochabamba y sostiene que se habrían instalado puntos de vigilancia para detectar los movimientos del exmandatario.
A partir de estos elementos, la representación legal afirma que Morales no tendría garantías suficientes para recurrir a organismos estatales bolivianos en busca de protección y decidió acudir al sistema interamericano de derechos humanos.
Un pedido que ahora deberá ser evaluado
La presentación ante la CIDH abre una nueva instancia internacional en torno a la situación de Morales, quien mantiene un enfrentamiento político con el actual gobierno boliviano.
El pedido de protección se sustenta en acusaciones y elementos que todavía deben ser evaluados por las autoridades competentes. Tanto las presuntas acciones contra el expresidente como las posibles vinculaciones entre distintos actores forman parte de investigaciones y denuncias cuyo resultado no está definido.
La CIDH deberá analizar ahora la solicitud y, si considera que se cumplen los requisitos correspondientes, podrá elevar el pedido a la Corte Interamericana para que evalúe la eventual adopción de medidas provisionales.