El Gobierno nacional trabaja en un proyecto de reforma del Poder Judicial que contempla cambios en la estructura de los tribunales federales, la eliminación de algunos juzgados y la creación de otros. La iniciativa busca reorganizar el sistema y reducir la cantidad de cargos vacantes, mientras el oficialismo también mantiene pendiente la discusión por el nuevo Código Penal.
El proyecto está siendo revisado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien analiza los últimos detalles antes de definir el texto que será enviado al Congreso. La propuesta forma parte de una agenda más amplia del Ejecutivo para modificar el funcionamiento de la Justicia y avanzar en una reorganización de los tribunales.
Cambios en los tribunales federales
Uno de los principales puntos de la iniciativa es la modificación de la estructura de la Justicia Federal. Entre los cambios analizados aparece una reducción de los juzgados de primera instancia de Comodoro Py, que pasarían de 12 a 8.
También se estudia reducir de 13 a 9 la cantidad de integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, uno de los principales tribunales del fuero penal antes de llegar a la Corte Suprema.
Sin embargo, el proyecto no se limitaría a eliminar estructuras. Según el planteo que se encuentra bajo análisis, algunos tribunales podrían ser cerrados mientras que otros serían creados para reorganizar la distribución de competencias.
El objetivo oficial es disminuir la cantidad de causas pendientes, mejorar la distribución del trabajo y reducir la utilización de juzgados subrogantes, una situación que durante años generó dificultades dentro del sistema judicial.
Una reforma que también impactaría en las vacantes
Uno de los efectos que podría generar la reorganización sería una reducción de la cantidad de cargos que deben cubrirse.
La falta de jueces y otros funcionarios judiciales constituye desde hace tiempo uno de los principales problemas del sistema. En lo que va del año, el Ejecutivo envió al Senado 203 pliegos: 144 correspondientes a jueces, 26 a fiscales, 25 a defensores y cuatro listas de conjueces.
Hasta el momento, 96 funcionarios fueron designados, mientras que otros 85 candidatos continúan a la espera de los acuerdos parlamentarios correspondientes.
La Casa Rosada pretende elevar la cantidad de postulaciones hasta aproximadamente 300 antes de finalizar el año y reducir el nivel de vacancia judicial del 35% registrado inicialmente hasta alrededor del 27%.
En ese contexto, la modificación de la estructura de los tribunales podría permitir que algunas vacantes dejen de ser necesarias, al mismo tiempo que se concentra el funcionamiento de determinadas áreas.
Fondos y traspaso de competencias
Otro de los aspectos que analiza el Gobierno está relacionado con los recursos que quedarían disponibles como consecuencia de la reducción de cargos.
Una de las alternativas bajo estudio consiste en transferir a las provincias parte de esos fondos, aunque el alcance de esta medida todavía depende de la versión definitiva del proyecto.
En paralelo, el Ministerio de Justicia pretende continuar impulsando el traspaso de la Justicia nacional ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires, una discusión que lleva décadas sin resolución definitiva.
La reforma también busca avanzar sobre la distribución del trabajo dentro de los juzgados y reducir las subrogancias, con la intención de que los expedientes sean tramitados por estructuras judiciales más estables.
Un punto sensible: la Justicia electoral
Dentro de la reforma existe además un aspecto que el Gobierno observa con especial cautela: los juzgados con competencia electoral.
La cuestión adquiere mayor relevancia porque 2027 será un año de elecciones presidenciales. Estos tribunales tienen intervención en decisiones vinculadas con la oficialización de listas, la personería de los partidos políticos y distintos aspectos relacionados con los procesos electorales.
Por ese motivo, cualquier modificación de su estructura podría tener implicancias políticas y deberá ser analizada con especial atención durante el debate legislativo.
El nuevo Código Penal sigue pendiente
La reforma judicial avanza mientras el Gobierno todavía no logró cerrar el debate interno por el nuevo Código Penal.
El proyecto original comenzó a ser elaborado durante 2025 por un grupo de especialistas y planteaba una renovación integral del Código vigente, que data de 1921. El primer borrador contenía 912 artículos.
Con el cambio de ministro de Justicia, la iniciativa fue revisada y comenzaron a circular diferentes versiones. Una de las propuestas buscaba modificar el Código existente en lugar de reemplazarlo completamente, mientras que otro sector del oficialismo impulsaba una reforma de mayor alcance.
Finalmente, se elaboró una versión intermedia que contempla alrededor de 300 artículos, aunque dentro del Gobierno todavía existen sectores que pretenden ampliar ese número.
Entre los cambios previstos aparecen modificaciones en las penas, la incorporación de nuevos delitos y una reorganización de distintas figuras contempladas actualmente en la legislación penal.
Una agenda judicial todavía en construcción
De esta manera, el Gobierno mantiene abiertas dos discusiones de gran importancia: por un lado, la reorganización de la estructura del Poder Judicial y, por otro, la definición del nuevo Código Penal.
La reforma judicial aparece como una iniciativa con un alcance significativo, ya que no solo plantea modificar la cantidad y distribución de tribunales, sino también intervenir sobre las vacantes, las subrogancias, los recursos disponibles y la organización de distintas competencias.
El proyecto todavía debe atravesar su etapa final de revisión y posteriormente deberá ser enviado al Congreso, donde comenzará una discusión que podría incorporar modificaciones antes de una eventual aprobación.