Una docente fue condenada en Mercedes a tres años de prisión en suspenso, inhabilitación para ejercer su cargo y una multa, luego de que la Justicia considerara acreditado que solicitó dinero a dos alumnas a cambio de aprobar materias.
La jueza de Garantías de Mercedes, Simy Beatriz Benasayag, homologó un acuerdo de juicio abreviado pleno y dictó la condena contra la mujer por los delitos de abuso de autoridad y concusión, en hechos que tuvieron como víctimas a dos estudiantes.
La resolución corresponde al Legajo Judicial 23226/26 y fue fundamentada el 7 de agosto de 2026, después de una audiencia realizada en la Oficina Judicial de Mercedes, perteneciente a la III Circunscripción Judicial.
Como parte de la sentencia, la docente recibió una pena de tres años de prisión de cumplimiento en suspenso, tres años de inhabilitación para ejercer el cargo que desempeñaba y una multa de $360.000. Además, deberá afrontar una reparación económica de $480.000, distribuida entre las dos personas beneficiarias establecidas en la resolución.
Los pedidos de dinero a las estudiantes
Uno de los hechos investigados ocurrió entre junio y los primeros días de julio de 2025, cuando la mujer se desempeñaba como profesora interina del turno noche en la Escuela N° 563 Domingo Faustino Sarmiento de Colonia Carlos Pellegrini.
De acuerdo con lo establecido judicialmente, la docente le ofreció a una estudiante aprobar determinadas materias aunque no asistiera a clases, a cambio de $100.000. La joven habría entregado inicialmente $30.000 y luego recibió nuevos pedidos para completar la suma.
La acusación también incluyó un mensaje enviado por WhatsApp el 28 de julio de 2025, en el que la docente reclamaba el pago restante y advertía que, si no se completaba el monto, la alumna no aprobaría el módulo.
El segundo caso involucró a otra estudiante, a quien la docente habría solicitado $150.000 bajo el argumento de que, sin ese pago, no aprobaría la materia. En este caso, la investigación incorporó como evidencia una transferencia realizada mediante Mercado Pago el 25 de abril de 2025.
Para fundamentar la condena se analizaron diferentes elementos, entre ellos denuncias, testimonios, audios, capturas de conversaciones, comprobantes de transferencias, documentación de la institución educativa, un informe social y actuaciones administrativas del Ministerio de Educación.
Qué determinó la Justicia
La jueza Benasayag señaló que la condena no podía basarse únicamente en el reconocimiento de los hechos realizado por la acusada durante el juicio abreviado. Por ese motivo, destacó la necesidad de contar con elementos de prueba independientes que respaldaran esa admisión.
Luego de analizar las evidencias incorporadas al expediente, la magistrada concluyó que existían elementos suficientes para considerar acreditados tanto los hechos como la responsabilidad de la docente.
También consideró adecuada la calificación legal planteada por el Ministerio Público Fiscal y aceptada por la defensa, por lo que homologó el acuerdo alcanzado entre las partes.
La pena acordada quedó establecida dentro de los parámetros previstos para los delitos atribuidos y tuvo en cuenta las circunstancias particulares del caso, incluyendo factores considerados atenuantes y agravantes.
Las condiciones que deberá cumplir durante la condena
Al tratarse de una pena de prisión en suspenso, la mujer deberá cumplir durante tres años distintas reglas de conducta.
Entre ellas se encuentran fijar domicilio y un número de contacto, no cometer nuevos delitos y respetar una restricción de acercamiento de 100 metros respecto de las personas indicadas en la sentencia.
También quedó establecido que no podrá ejercer su función docente en Colonia Carlos Pellegrini y deberá presentarse cada tres meses ante la Oficina Judicial para acreditar el cumplimiento de las medidas impuestas.
Reparación económica para las víctimas
Además de las sanciones penales, el acuerdo contempló una reparación económica total de $480.000, con $240.000 destinados a cada una de las beneficiarias.
El pago deberá realizarse en 12 cuotas mensuales de $20.000 para cada una.
La jueza consideró que la suma resultaba adecuada porque no contemplaba únicamente el perjuicio económico derivado del dinero entregado, sino también las consecuencias no patrimoniales vinculadas con los hechos.
Una vez que la resolución quede firme, deberá iniciarse el correspondiente proceso de ejecución de la condena y realizarse las comunicaciones a la Policía de Corrientes, al Registro Nacional de Reincidencia y a los demás organismos estatales involucrados.