El Gobierno nacional confirmó que avanzará con sanciones contra los prácticos navales que iniciaron una medida de fuerza por tiempo indeterminado en rechazo al decreto que modifica el funcionamiento de la actividad. El conflicto mantiene afectado el ingreso y la salida de embarcaciones vinculadas al comercio exterior argentino.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que la administración nacional considera que el servicio debe continuar funcionando por tratarse de una actividad esencial.
El reclamo de los prácticos
La protesta comenzó luego de la publicación del Decreto 690/2026, impulsado por el Ministerio de Desregulación, que introduce cambios en el régimen del practicaje naval.
Entre las principales modificaciones, la norma flexibiliza la contratación de prácticos por parte de las empresas navieras, elimina determinados límites vinculados a la actividad y habilita nuevas alternativas para desempeñar esas funciones.
Los trabajadores sostienen que la reforma afecta las condiciones laborales y advierten sobre posibles consecuencias para la seguridad de la navegación en los ríos y canales del país.
La postura del Gobierno
Durante una conferencia de prensa, Adrián Ravier afirmó que el Ejecutivo busca reducir costos logísticos y fomentar una mayor competencia dentro del sector.
Según explicó, la reforma apunta a generar condiciones que permitan disminuir los costos del transporte marítimo y mejorar la competitividad del comercio exterior.
El funcionario también confirmó que el Gobierno analiza la aplicación de sanciones a los trabajadores que participan del paro, aunque no brindó precisiones sobre cuáles serían las medidas concretas.
Un servicio clave para la navegación
Los prácticos navales cumplen la función de asistir a los capitanes de los buques durante las maniobras de ingreso y egreso de puertos, utilizando su conocimiento específico sobre las vías navegables argentinas.
Su tarea busca reducir riesgos operativos y contribuir a la seguridad de las embarcaciones, las cargas y el tránsito marítimo.
Desde el sector sostienen que el costo del practicaje representa una porción reducida dentro del valor total de los fletes internacionales y consideran que la modificación del régimen podría generar mayores riesgos operativos.
Mientras continúa la medida de fuerza, el conflicto permanece abierto y el Gobierno mantiene su decisión de avanzar con la implementación de la nueva normativa.