La Justicia Federal avanza en una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos en el municipio correntino de Sauce. En ese marco, efectivos de la Policía Federal Argentina realizaron una serie de allanamientos que alcanzaron dependencias municipales, organismos oficiales y domicilios particulares de funcionarios, incluido el del intendente Carlos Raúl Romano.
Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías de Curuzú Cuatiá, con intervención de la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (UFRAC), en una causa que investiga posibles delitos contra la administración pública.
Durante los operativos, desarrollados el 6 de julio, fueron inspeccionadas la Municipalidad de Sauce, la Auditoría Municipal, el Museo Municipal, el Honorable Concejo Deliberante y las viviendas del jefe comunal y del auditor municipal Pablo Ignacio Gauna.
Como resultado de las diligencias judiciales, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, computadoras, discos rígidos, memorias digitales y una importante cantidad de documentación administrativa y contable correspondiente a los ejercicios presupuestarios de 2023, 2024 y 2025.
La investigación se inició tras una denuncia presentada por la concejal María Griselda Zajur, quien advirtió supuestas inconsistencias en la ejecución presupuestaria municipal y la posible existencia de empleados y funcionarios que percibirían haberes sin cumplir funciones efectivas.
Según las primeras estimaciones incorporadas al expediente, las maniobras bajo análisis podrían haber generado un presunto desvío superior a los 150 millones de pesos provenientes de recursos públicos.
Entre la documentación secuestrada figuran órdenes de pago, libros contables, informes de auditoría, resoluciones, recibos firmados, registros de personal y archivos digitales considerados relevantes para reconstruir el movimiento de fondos municipales.
Además del intendente Romano y del auditor Gauna, durante el operativo fueron identificados otros integrantes del gabinete municipal, entre ellos la viceintendenta Irma Elvira Obregón Torossi, la secretaria municipal Rosana Argentina Rodríguez, el responsable del área legal Pablo Andrés Gamarra y el secretario de Economía y Finanzas Federico Ramírez.
Las autoridades judiciales señalaron que el análisis del material secuestrado será clave para determinar si existieron irregularidades administrativas o eventuales responsabilidades penales en el manejo de los recursos municipales.
Tras los allanamientos, el intendente Carlos Romano sostuvo que el municipio colaboró desde el primer momento con la investigación. Según expresó, toda la documentación requerida fue entregada a la Justicia y se aportó información adicional para facilitar el esclarecimiento de los hechos.
Asimismo, agradeció el trabajo del personal administrativo del municipio y destacó el desempeño de las autoridades judiciales y de la Policía Federal durante el procedimiento. También pidió disculpas a los vecinos por la interrupción de la atención municipal mientras se desarrollaban los allanamientos.
Romano, representante de la alianza Vamos Corrientes (UCR), obtuvo su reelección en los últimos comicios municipales por una diferencia de apenas 14 votos sobre la candidata opositora María Griselda Zajur, quien actualmente impulsa la denuncia que dio origen a la investigación.
La causa continúa en etapa de instrucción y no se descartan nuevas medidas judiciales mientras los peritos analizan la documentación y los dispositivos electrónicos secuestrados.