La Casa Rosada todavía no definió el envío al Congreso de una nueva batería de reformas impulsadas por Federico Sturzenegger. La iniciativa apunta a profundizar la agenda desreguladora y podría generar fuertes debates con sectores económicos, profesionales y sindicales.
El Gobierno nacional mantiene bajo análisis un nuevo paquete de reformas que busca avanzar sobre áreas sensibles de la economía como el mercado de seguros, el cabotaje fluvial, la actividad inmobiliaria y el mercado de capitales. Aunque inicialmente se especuló con un envío inminente al Congreso, fuentes oficiales aseguran que el proyecto continúa en revisión dentro de los equipos técnicos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
La iniciativa forma parte de una segunda etapa del plan de reformas impulsado por la administración de Javier Milei y quedó fuera del último conjunto de proyectos remitidos al Parlamento, que incluyó el denominado Súper RIGI, la ley de lobby y modificaciones vinculadas al etiquetado frontal y la ludopatía.
Uno de los capítulos más relevantes apunta al sistema de seguros. La intención oficial es ampliar la competencia, facilitar el ingreso de nuevos productos y reducir la intervención previa de los organismos reguladores. La propuesta retoma conceptos que habían sido incorporados en la versión original de la Ley Bases, aunque finalmente quedaron excluidos de la norma sancionada.
Otro eje central es la reforma del régimen de cabotaje. El Gobierno considera que las restricciones actuales encarecen el transporte de cargas dentro del país y limitan el desarrollo de la navegación fluvial. Por ello analiza habilitar una mayor participación de embarcaciones extranjeras en recorridos entre puertos argentinos, una medida que ya había despertado resistencias por parte de sindicatos y empresarios del sector.
La actividad inmobiliaria también aparece entre los objetivos de la desregulación. El borrador en estudio contempla eliminar la obligatoriedad de la matrícula profesional y flexibilizar requisitos para ejercer la intermediación inmobiliaria. Además, busca liberalizar honorarios y reducir el alcance de los colegios profesionales, una propuesta que genera rechazo entre las entidades que representan al sector.
Desde el oficialismo sostienen que estas modificaciones permitirían aumentar la competencia y reducir costos para los consumidores. Sin embargo, los colegios inmobiliarios advierten que la actividad involucra aspectos jurídicos y patrimoniales que requieren controles específicos para brindar seguridad a los ciudadanos.
El proyecto también incluye cambios vinculados al mercado de capitales, con el objetivo de facilitar mecanismos de financiamiento privado y promover nuevas herramientas de inversión. Aunque este apartado aún no fue detallado públicamente, forma parte de la estrategia económica orientada a atraer capitales y estimular inversiones de gran escala.
Mientras tanto, el Gobierno también trabaja en una nueva versión de la denominada Ley de Inocencia Fiscal y en otras reformas económicas que forman parte de la agenda legislativa para los próximos meses.
En la Casa Rosada reconocen que el paquete genera tensiones con distintos sectores y que todavía resta definir el momento político más conveniente para enviarlo al Congreso. Por eso, la iniciativa continúa bajo revisión mientras se analizan apoyos legislativos y el posible impacto de cada una de las medidas.