La discusión por el mantenimiento de los accesos al puente General Belgrano sumó un nuevo capítulo luego de que la Provincia de Corrientes y la Municipalidad capitalina presentaran una acción judicial para definir quién debe hacerse cargo de un tramo clave para la conectividad regional.
Se trata de los aproximadamente seis kilómetros de avenidas urbanas que unen el acceso al puente con el empalme de las rutas nacionales 12 y 16. Según las autoridades provinciales, ese sector quedó excluido de los pliegos de concesión de la nueva Red Federal de Concesiones impulsada por el Gobierno nacional, pese a que constituye un nexo estratégico entre los tramos Litoral y Noreste.
La controversia surgió en el marco de la licitación nacional que abarca más de 3.900 kilómetros de rutas en distintos puntos del país. Mientras los corredores principales avanzan hacia nuevas concesiones privadas, el denominado Corredor Belgrano permanece sin una definición sobre su financiamiento y mantenimiento.
Desde la Provincia sostienen que el tránsito pesado que circula por la zona genera un desgaste constante de la infraestructura y plantean la necesidad de establecer un mecanismo que garantice recursos para su conservación. Entre las alternativas mencionadas figuran acuerdos de financiamiento o esquemas de compensación vinculados a la recaudación de peajes.
Por su parte, Vialidad Nacional argumentó que las avenidas involucradas no forman parte de la Red Vial Nacional, por lo que no pueden incorporarse a las concesiones actualmente en proceso.
El planteo quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá analizar la responsabilidad sobre un corredor considerado fundamental para la circulación entre Corrientes y Chaco, así como para el transporte de cargas que atraviesa la región.