Las negociaciones entre el Gobierno nacional y las universidades públicas para actualizar el financiamiento del sistema universitario no llegaron a buen puerto, pese a que ambas partes reconocieron avances en la propuesta económica presentada por el Ejecutivo.
Durante una reunión realizada este lunes, representantes del Gobierno y del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) analizaron una oferta oficial que contempla una recomposición salarial para docentes universitarios, aumentos en becas estudiantiles, mayores partidas para gastos de funcionamiento y fondos adicionales para hospitales universitarios.
Según trascendió, la propuesta incluye un incremento salarial total del 24,3%, distribuido en dos etapas: un 21,3% en junio y un 3% adicional en octubre. Además, prevé una actualización del 50% para las becas Manuel Belgrano, una suba del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades y un refuerzo presupuestario de 50 mil millones de pesos destinado a hospitales universitarios.
También se planteó la creación de una comisión técnica para revisar cuestiones pendientes vinculadas al financiamiento de 2024 y establecer mecanismos de negociación paritaria periódica.
Sin embargo, el principal punto de conflicto surgió a partir de una condición planteada por el Gobierno: que las universidades retiren la demanda judicial presentada para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso.
Desde el sector universitario consideraron que la propuesta económica resulta un avance y valoraron la posibilidad de continuar dialogando. No obstante, descartaron la posibilidad de abandonar la vía judicial, al entender que constituye una herramienta clave para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
Por su parte, fuentes oficiales señalaron que la continuidad de la demanda dificulta alcanzar un acuerdo integral y sostuvieron que el reclamo judicial mantiene abierto un conflicto que podría resolverse mediante una negociación política.
Mientras tanto, la causa continúa a la espera de una definición de la Corte Suprema y las partes mantienen expectativas de retomar las conversaciones en busca de una solución consensuada.