La crisis política y social en Bolivia sumó este martes un nuevo capítulo de tensión luego de que la Cámara de Diputados aprobara una ley que habilita al presidente Rodrigo Paz a recurrir a las Fuerzas Armadas para intervenir en conflictos internos una vez declarado el estado de excepción.
La norma, que ya había recibido media sanción en el Senado, elimina las restricciones impuestas por la ley 1341, vigente desde 2020, y quedó lista para ser promulgada por el Poder Ejecutivo. El Gobierno aclaró que la medida no implica automáticamente la declaración del estado de excepción, aunque le otorga al presidente mayores herramientas para enfrentar las protestas que paralizan distintas regiones del país.
La sesión legislativa se realizó de manera virtual y se extendió por más de cinco horas, debido a que varios diputados no pudieron llegar a La Paz por los cortes de rutas y bloqueos impulsados por organizaciones sociales, sindicatos campesinos y sectores vinculados al expresidente Evo Morales.
La tensión en Bolivia lleva más de tres semanas y tiene como epicentro a La Paz y El Alto, donde continúan las movilizaciones que exigen la renuncia de Rodrigo Paz. Las protestas también se expandieron a Cochabamba, Oruro, Potosí, Santa Cruz y Chuquisaca, generando un fuerte desabastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos.
El diputado opositor Carlos Alarcón, impulsor de la derogación de la ley 1341, sostuvo que la normativa anterior “desnaturalizaba” el estado de excepción y limitaba la capacidad de acción de las fuerzas de seguridad ante situaciones de “caos y anarquía”.
En contrapartida, legisladores disidentes y sectores sociales advirtieron que la medida podría derivar en una escalada represiva. El diputado Edwin Valda afirmó que la decisión “desprotege las reivindicaciones sociales” y puede generar “más violencia”.
La ley eliminada establecía que las Fuerzas Armadas solo podían intervenir cuando la Policía hubiera sido superada y fijaba un límite de 60 días para la duración del estado de excepción. Ahora, el Gobierno de Paz tendrá un margen de acción más amplio si decide avanzar con esa herramienta constitucional.
Mientras tanto, la situación humanitaria empeora. Las autoridades confirmaron que los bloqueos ya provocaron la muerte de al menos cuatro personas que no pudieron acceder a atención médica, entre ellas un niño de 12 años. Además, la Fiscalía investiga la muerte de un hombre durante un operativo para despejar rutas bloqueadas.
Desde el Ejecutivo boliviano insisten en que el estado de excepción será la “última opción”, aunque las negociaciones con los sectores movilizados siguen sin mostrar avances concretos.