La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, avanza en los tribunales federales y el juez Ariel Lijo analiza la posibilidad de convocarlo a declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno, prevista entre el 21 y el 30 de julio.
El magistrado concentra parte de la pesquisa en la relación entre Adorni y el productor televisivo Marcelo Grandío, titular de la productora Imhouse. La firma mantiene contratos de coproducción con la TV Pública y la Justicia intenta determinar si existieron transferencias de dinero previas al ingreso del funcionario al Gobierno y si esos vínculos pudieron influir en la adjudicación de acuerdos estatales.
Otro de los puntos bajo análisis es el viaje que Adorni realizó junto a su familia a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval. Según la causa, el traslado se hizo en un avión privado cuyo pago habría sido gestionado por Grandío a través de un broker aéreo. Aunque el funcionario sostuvo públicamente que afrontó el gasto, las facturas incorporadas al expediente no estarían a su nombre.
La causa también investiga la compra de una vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. De acuerdo con la reconstrucción judicial, la propiedad fue escriturada por USD 120.000 y posteriormente se habrían realizado refacciones por alrededor de USD 245.000, pagadas en efectivo.
Como parte de las medidas de prueba, el juzgado ordenó cruces telefónicos y geolocalizaciones entre los teléfonos de Adorni, Grandío y el empresario Horacio Silva, socio del productor televisivo, para establecer posibles coincidencias temporales con la firma de contratos públicos.
En paralelo, el fiscal Gerardo Pollicita tomó licencia y será reemplazado temporalmente por Franco Picardi, titular de la Fiscalía Federal N°5. Fuentes judiciales señalaron que no se prevén modificaciones en la línea investigativa.
La Justicia también analiza movimientos bancarios, inversiones, billeteras virtuales y operaciones inmobiliarias vinculadas al funcionario y su entorno familiar. Entre los elementos incorporados al expediente figuran viajes al exterior y compras de propiedades que, según la investigación, fueron financiados en gran parte con pagos en efectivo.