La Justicia federal avanza con nuevas medidas en la investigación sobre contratos celebrados entre la TV Pública y la productora Imhouse SA. El juez Ariel Lijo ordenó peritar las comunicaciones telefónicas de Marcelo Grandio y Horacio Silva para reconstruir contactos en fechas clave y determinar si existió algún tipo de injerencia en los acuerdos.
El objetivo es establecer con quiénes se comunicaron ambos durante momentos determinantes de la firma de los contratos, incluyendo posibles intercambios con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La tarea fue encomendada a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), que deberá realizar un análisis detallado de las líneas telefónicas.
La causa ya reunía elementos sobre la relación entre Imhouse y los medios públicos. Según datos de Radio y Televisión Argentina (RTA), la productora firmó al menos seis contratos de coproducción con la TV Pública y Radio Nacional, que incluyeron programas radiales, ciclos de streaming y contenidos audiovisuales bajo distintos esquemas de financiamiento.
De acuerdo con la información oficial, Marcelo Grandio no figura como empleado de la empresa estatal, aunque su productora participó en diversos contenidos. En estos acuerdos, Imhouse asumía los costos de producción y riesgos legales, mientras que accedía a los ingresos publicitarios hasta recuperar la inversión y luego compartía utilidades con el Estado.
Entre los programas alcanzados figuran “La caja de Pandora”, firmado en abril de 2024, y otros ciclos como “Giros en Línea Recta”, además de producciones digitales como “Enredados” y “La Sala”, todos bajo esquemas similares de explotación comercial.
En paralelo, la TV Pública —actualmente bajo la órbita del secretario de Medios, Javier Lanari— decidió no renovar el vínculo con Grandio tras el vencimiento del contrato el 31 de diciembre de 2025. Según trascendió, no continuará su programa televisivo, aunque se mantendría un acuerdo vinculado a contenidos de streaming.
La investigación también abarca otras líneas. Días atrás, el fiscal Gerardo Pollicita impulsó nuevas medidas en una causa por presunta malversación de fondos, en la que también aparece Grandio. Entre ellas, solicitó registros migratorios desde 2023 para analizar coincidencias en viajes.
Ese expediente se originó tras un traslado a Punta del Este en vuelos privados y luego se amplió con nuevos elementos. Además, otro tramo de la causa analiza transferencias de dinero desde Imhouse hacia Manuel Adorni por un total de $1.670.900 entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023, detectadas tras el levantamiento del secreto bancario.
La Justicia busca ahora determinar el alcance de estas relaciones y si existieron irregularidades en la contratación y ejecución de los acuerdos con los medios públicos.