La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dejó sin efecto la medida cautelar que había frenado buena parte de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, lo que permitió que más de 80 artículos de la norma vuelvan a entrar en vigencia. La decisión se produjo tras otorgar efecto suspensivo al recurso presentado por el Estado, habilitando la aplicación plena de la ley mientras continúa el análisis judicial de fondo.
En este contexto, el diputado Lisandro Almirón expresó su respaldo a la resolución, en sintonía con el oficialismo que impulsó la reforma. También el presidente Javier Milei celebró el fallo y defendió el rumbo económico del Gobierno.
Entre los principales cambios que vuelven a regir, se encuentra la posibilidad de extender la jornada laboral hasta 12 horas mediante acuerdo entre empleador y trabajador. Además, se implementa el sistema de banco de horas, que permite compensar horas extra con períodos de descanso en otros momentos.
En materia salarial, la normativa establece que los pagos deberán realizarse exclusivamente a través de entidades bancarias y habilita el llamado “salario dinámico”, que vincula parte de la remuneración al rendimiento individual. También se redefine el cálculo de indemnizaciones por despido, tomando como base el salario habitual sin incluir aguinaldo ni vacaciones.
Otro punto relevante es la eliminación de multas por trabajo no registrado previstas en la Ley 24.013. En su lugar, se crea un esquema que incentiva la regularización laboral mediante la reducción de deudas y sanciones para los empleadores que formalicen a sus trabajadores.
La reforma introduce además cambios en los aportes sindicales y empresariales, fijando límites y nuevas condiciones, y elimina la posibilidad de retener cuotas sindicales sin autorización expresa del trabajador.
En cuanto a los conflictos laborales, se establecen requisitos más estrictos para el ejercicio del derecho de huelga, especialmente en servicios esenciales, donde deberá garantizarse un nivel mínimo de actividad.
Por último, se crea un Fondo de Asistencia Laboral financiado por aportes de los empleadores y se habilitan mecanismos alternativos a la indemnización tradicional, como los fondos de cese laboral.