El Gobierno nacional dispuso la prohibición de ingreso a la Casa Rosada para todos los periodistas acreditados, en una medida que generó fuerte controversia en el ámbito político y mediático. La decisión incluyó la eliminación del sistema de huellas dactilares que habilitaba el acceso de los trabajadores de prensa.
Desde el entorno oficial justificaron la medida como una acción preventiva ante supuestas maniobras de “espionaje ilegal”, aunque no se brindaron detalles públicos sobre esas acusaciones. En la práctica, los periodistas que se presentaron en Balcarce 50 se encontraron con restricciones de ingreso aplicadas por personal de seguridad.
En paralelo, el presidente Javier Milei compartió en redes sociales publicaciones con duras críticas hacia el periodismo, lo que profundizó el clima de confrontación entre el Ejecutivo y los medios de comunicación.
La decisión se da en un contexto de creciente tensión, luego de restricciones previas a determinados medios y denuncias judiciales contra periodistas por la difusión de informes desde el interior de la sede gubernamental.
En simultáneo, el mandatario tiene previsto mantener un encuentro con Peter Thiel, fundador de Palantir, lo que suma un elemento adicional al escenario político del día.
El episodio reaviva el debate sobre las condiciones de acceso a la información pública y el vínculo entre el Gobierno y la prensa, en un contexto donde distintos sectores advierten sobre el impacto institucional de este tipo de decisiones.