El gobierno de Corrientes resolvió endurecer su postura frente a los incrementos salariales diferenciados entre los poderes del Estado, en medio de tensiones con el Poder Judicial por mejoras que superaron las pautas oficiales.
La administración provincial busca evitar que se repitan situaciones como las de fines de 2025 y comienzos de 2026, cuando la Justicia otorgó bonos y subas salariales superiores al resto de los trabajadores estatales. Desde el Ejecutivo consideran que esas decisiones generan un fuerte desequilibrio en las cuentas públicas.
En esa línea, el Ministerio de Hacienda decidió no liquidar el aumento adicional previsto para el sector judicial, advirtiendo que avanzar con ese esquema podría comprometer el presupuesto provincial en los próximos meses.
La medida implica que, de ahora en más, los empleados judiciales quedarán sujetos a los mismos incrementos que el resto de la administración pública, sin margen para otorgamientos autónomos por parte de otros poderes.
El conflicto se da en un contexto de caída de los recursos por coparticipación, lo que limita la capacidad financiera de la provincia y obliga a aplicar criterios más restrictivos en materia salarial bajo la gestión del gobernador Juan Pablo Valdés.