La Policía de la Provincia de Corrientes lanzó un fuerte mensaje a la comunidad educativa al ratificar una política de “tolerancia cero” frente a amenazas, intimidaciones o incitaciones a la violencia en el ámbito escolar.
El comunicado, respaldado por el Ministerio de Seguridad provincial, advierte que este tipo de conductas —aunque algunos adolescentes las consideren “retos” virales— constituyen delitos penales. En ese sentido, se recordó lo establecido en el Artículo 149 bis del Código Penal Argentino, que prevé penas de prisión para quienes generen alarma o amedrenten a otras personas.
Además, las autoridades señalaron que cualquier mensaje difundido en redes sociales será investigado por brigadas especializadas y puesto a disposición de la Justicia, en el marco del Artículo 211 del Código Penal Argentino.
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento pone el foco en las familias. Según el Artículo 1754 del Código Civil y Comercial, los padres o tutores son responsables por los daños que ocasionen los menores, lo que podría derivar en sanciones económicas por los perjuicios generados.
La advertencia oficial surge tras una serie de episodios recientes en distintos establecimientos educativos, donde circularon amenazas de ataques que generaron alarma. Entre los casos más resonantes se encuentran situaciones registradas en el Instituto Monseñor Ramón Roubineau y el Colegio Nacional de Corrientes, donde incluso se mencionaron fechas concretas para supuestos hechos violentos.
La investigación, a cargo de la fiscal Lucrecia Troia Quirch, ya permitió identificar a varios menores como presuntos autores, quienes habrían replicado desafíos virales difundidos en plataformas como TikTok y grupos de mensajería.
Actualmente hay al menos 13 instituciones bajo análisis, mientras que la Justicia ordenó reforzar la seguridad en escuelas, incluyendo controles preventivos como revisión de mochilas en algunos casos.
Las autoridades aseguraron que la situación está bajo control, pero remarcaron que los operativos continuarán. También insistieron en el rol clave de los padres en el monitoreo del uso de redes sociales y recordaron que el 911 está disponible para reportar cualquier situación sospechosa.