La Justicia profundiza la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con foco en una serie de gastos en dólares que busca contrastar con sus ingresos declarados.
El juez federal Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario y de su entorno familiar, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita. La medida permite acceder a información detallada sobre cuentas, consumos y operaciones financieras.
Según la investigación, se analizan erogaciones por más de 80.000 dólares en los últimos dos años, vinculadas a operaciones inmobiliarias y gastos personales. Entre ellas, se destacan pagos realizados para la compra de un departamento en Caballito y una vivienda en Exaltación de la Cruz.
También figuran desembolsos asociados a hipotecas, viajes y otros consumos, que serán comparados con los ingresos del funcionario, cuyo salario se mantuvo en torno a los tres millones de pesos mensuales hasta fines de 2025, según consta en el expediente.
La causa incluye además el análisis de refacciones en propiedades, movimientos bancarios y documentación vinculada a operaciones inmobiliarias. El objetivo es reconstruir la evolución patrimonial y determinar si existe correspondencia entre ingresos y gastos.
Desde la fiscalía sostienen que hay elementos suficientes para avanzar en la investigación, mientras que el entorno del funcionario rechaza las acusaciones y asegura que la situación será aclarada en futuras declaraciones juradas.
El expediente continúa en desarrollo con nuevas medidas de prueba y cruces de información, en una causa que mantiene el foco sobre la transparencia patrimonial de funcionarios públicos.