En un contexto de caída de la recaudación y tensión financiera en las provincias, el Gobierno nacional que encabeza Javier Milei resolvió avanzar con un esquema de adelantos de coparticipación para asistir a distintos distritos, entre ellos Corrientes.
La medida, que se oficializará mediante un decreto, contempla transferencias anticipadas de fondos que por ley corresponden a las provincias, pero que serán girados antes de tiempo y con una tasa de interés cercana al 15%. El objetivo es garantizar liquidez inmediata para afrontar gastos corrientes, principalmente el pago de salarios estatales.
Entre las jurisdicciones alcanzadas figura Corrientes, gobernada por Juan Pablo Valdés, junto a otras once provincias de distintos signos políticos. La inclusión de estos distritos refleja las dificultades financieras generalizadas que atraviesan las administraciones provinciales.
Según datos de consultoras privadas, las transferencias automáticas de coparticipación registraron en marzo una caída real superior al 11% respecto del mes anterior, lo que impactó de lleno en las cuentas públicas locales. Este descenso responde principalmente a la menor recaudación de impuestos clave como el IVA y Ganancias.
En este escenario, varios gobiernos provinciales enfrentan problemas para sostener sus compromisos básicos. La necesidad de recurrir a adelantos evidencia la fragilidad de las finanzas en el interior, donde el pago de sueldos depende en gran medida de los recursos que envía la Nación.
Desde la Casa Rosada aseguran que se trata de una herramienta habitual utilizada por administraciones anteriores, pero admiten que la decisión busca evitar un agravamiento de la crisis y posibles conflictos salariales en distintas provincias.
El esquema prevé un tope global de hasta $400 mil millones, que será distribuido según las necesidades de cada distrito. Sin embargo, el recurso implica también un endeudamiento a corto plazo para las provincias, que deberán devolver los fondos con interés.
Mientras tanto, el deterioro de los ingresos y la creciente dependencia de la asistencia nacional vuelven a poner en foco la situación fiscal de las provincias, en un contexto donde la caída de la actividad económica y la recaudación continúa presionando sobre las cuentas públicas.