La audiencia en la que la Cámara Federal de Casación Penal debía definir el rumbo de la investigación por la mansión de Pilar fue suspendida, postergando una decisión clave sobre qué fuero continuará con el expediente.
El caso, que involucra a dirigentes de la AFA, investiga presuntas maniobras de fraude y lavado de dinero, y tiene bajo análisis al presidente Claudio Tapia y al tesorero Pablo Toviggino.
El objetivo central de la audiencia era resolver un conflicto de competencia entre distintos juzgados. En concreto, los camaristas debían definir si la causa continuaba en el fuero federal de Campana o si pasaba a tribunales como Comodoro Py o el fuero penal económico.
Previo a la suspensión, el fiscal general Mario Villar había sostenido que el expediente debía volver a manos de los jueces Daniel Rafecas o Marcelo Aguinsky, al considerar que el origen de la causa presentaba irregularidades.
La definición no es menor: según el fuero que intervenga, podría cambiar el enfoque de la investigación y la velocidad de las medidas judiciales. Mientras algunos tramos apuntan a evasión y apropiación indebida, otros se centran en un posible esquema de lavado de activos mediante operaciones y sociedades en el exterior.
En paralelo, se sumaron nuevas presentaciones que podrían impactar en el proceso. Entre ellas, un pedido de suspensión por parte de uno de los involucrados y una recusación impulsada por Elisa Carrió contra una de las juezas del tribunal.
La causa forma parte de un entramado más amplio de investigaciones que alcanzan a la dirigencia del fútbol argentino, con expedientes por movimientos millonarios, retención de aportes y documentación bajo análisis.
Por ahora, la suspensión de la audiencia prolonga la incertidumbre sobre el futuro del expediente y retrasa una definición clave que podría ordenar —o fragmentar— las distintas causas en curso.