Titulares

Avanza una denuncia contra Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y una propiedad no declarada

La investigación judicial contra Manuel Adorni sumó nuevos elementos en las últimas horas, luego de que la diputada Marcela Pagano ampliara la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito. La presentación incluye la supuesta existencia de una vivienda no declarada en un country de la provincia de Buenos Aires.

Según el escrito presentado ante el Juzgado Federal N°1, la propiedad estaría ubicada en el Country Indio Cuá Golf Club, en el partido de Exaltación de la Cruz. Se trata de una casa de dos plantas que, de acuerdo con la denuncia, no figura en las declaraciones juradas patrimoniales del jefe de Gabinete ante la Oficina Anticorrupción.

La ampliación de la causa se basa en testimonios que indican que Adorni y su pareja habrían construido la vivienda en ese predio. Además, se señala que las expensas del lote estarían a nombre de su cónyuge, lo que podría evidenciar un vínculo patrimonial no informado oficialmente.

En su última declaración jurada correspondiente a 2024, el funcionario declaró dos inmuebles: uno en la Ciudad de Buenos Aires (en copropiedad) y otro en La Plata. No se registraron bienes en countries o barrios cerrados, lo que motivó las sospechas planteadas en la denuncia.

La presentación judicial también cuestiona la capacidad económica del funcionario para afrontar distintos gastos, entre ellos la construcción de una vivienda, viajes y consumos elevados, en relación con sus ingresos declarados. En ese marco, se advierte que estos elementos podrían no ser consistentes con su evolución patrimonial.

La causa, caratulada como “Adorni, Manuel s/enriquecimiento ilícito”, contempla posibles delitos como enriquecimiento ilícito de funcionario público, falsedad ideológica, incumplimiento de deberes y violación de la Ley de Ética Pública.

Como parte de las medidas solicitadas, la denunciante pidió informes a organismos como el Registro de la Propiedad, la Oficina Anticorrupción y entidades financieras, además de una inspección ocular en el country y la eventual aplicación de medidas cautelares sobre los bienes del funcionario.

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