El Gobierno nacional comenzó a preparar su defensa frente al amparo judicial impulsado por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral recientemente sancionada. Desde el Ejecutivo anticipan que uno de los principales argumentos será cuestionar la legitimación de la central sindical para promover la acción judicial.
La presentación del sindicato apunta especialmente contra el traspaso de la justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, una de las modificaciones incluidas en la reforma. Según el escrito, el cambio podría generar un colapso en el sistema judicial y afectar miles de causas que actualmente se encuentran en trámite.
El expediente quedó radicado en el juzgado federal en lo contencioso administrativo a cargo del magistrado Enrique Lavié Pico. Allí se analizará la acción presentada bajo el procedimiento establecido en el artículo 43 de la Constitución Nacional y la ley de amparo.
La revisión del planteo judicial dentro del Ejecutivo quedó en manos de Sebastián Amerio, recientemente designado como titular de la Procuración General del Tesoro en reemplazo de Santiago Castro Videla. El funcionario tendrá la tarea de coordinar la estrategia jurídica del Gobierno ante la judicialización de la reforma.
Desde la administración del presidente Javier Milei consideran que la presentación de la CGT podría ser apenas el inicio de una serie de acciones judiciales contra la normativa. En ese sentido, prevén que otros gremios o trabajadores presenten nuevos reclamos en tribunales laborales durante los próximos meses.
La reforma laboral aprobada por el Congreso incluye cambios en distintos aspectos del régimen de trabajo, como el sistema de indemnizaciones, las modalidades de contratación y la organización de los convenios colectivos. Sin embargo, el primer amparo sindical se centra exclusivamente en el esquema institucional del fuero laboral.
En la Casa Rosada aseguran que apelarán cualquier fallo adverso en todas las instancias judiciales disponibles. Por ese motivo, en el oficialismo estiman que el conflicto podría extenderse durante varios meses en los tribunales.