El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, firmó un contrato de alquiler por $720 millones para trasladar dependencias de su cartera a un edificio ubicado en la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.
La resolución, publicada en el portal oficial Compr.AR y fechada el 30 de noviembre del año pasado, contempla el alquiler de cuatro pisos —del 3° al 6°— y 24 cocheras en el mismo inmueble. Según el documento, el monto mensual por piso asciende a $15 millones, cifra a la que deben sumarse expensas y servicios como electricidad, gas e internet.
La operación se da en paralelo a la política de “alquiler cero” impulsada por el Gobierno nacional, orientada a reducir gastos en contratos inmobiliarios y optimizar el uso de edificios estatales. En ese marco, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) argumentó que no existen inmuebles públicos con las características técnicas requeridas por la cartera, por lo que avaló la contratación.
El contrato fue celebrado con la firma OTOBA S.A. para el uso de oficinas en un edificio donde también funcionan dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Antecedentes y contexto político
La decisión se conoce en un contexto de debate interno dentro del oficialismo por la estrategia de ajuste y la reforma laboral en discusión en el Congreso. En los últimos días también se difundió información sobre una adjudicación directa realizada por la Cancillería a una asociación vinculada a la esposa del ministro, destinada a la prestación de cursos de inglés para empleados del organismo.
Desde el entorno oficial sostienen que ambas decisiones se encuadran dentro de la normativa vigente y responden a necesidades operativas. Sin embargo, los casos generaron cuestionamientos políticos en momentos en que el Ejecutivo promueve una reducción del gasto estatal y un redimensionamiento de la estructura pública.
Hasta el momento, el ministro no realizó declaraciones públicas específicas sobre el contrato de alquiler.
La situación vuelve a poner en el centro del debate el equilibrio entre la reorganización administrativa del Estado y el control del gasto en el marco del programa de ajuste que impulsa el Gobierno.