Titulares

Corrientes: Alal insiste en pagar la mitad de las indemnizaciones y el conflicto va camino a los tribunales

El conflicto laboral en la histórica firma textil Emilio Alal SACIFI sumó un nuevo capítulo tras la respuesta de la empresa a las cartas documento enviadas por los trabajadores despedidos. La compañía ratificó su decisión de abonar únicamente el 50% de las indemnizaciones, en el marco del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), y rechazó los reclamos presentados.

Los empleados habían impugnado la aplicación de ese artículo, que habilita al empleador a pagar la mitad de la indemnización cuando el despido se produce por falta o disminución de trabajo no imputable a la empresa o por fuerza mayor debidamente acreditada. En sus planteos, consideraron improcedente la causal invocada y reclamaron el pago total correspondiente.

En la contestación firmada por su apoderado, la empresa negó “en todos sus términos” los argumentos de los trabajadores y sostuvo que las desvinculaciones obedecen a causas “reales, válidas y comprobables”, vinculadas a la situación económica y financiera que atraviesa la firma. Según la posición empresaria, se trataría de circunstancias extraordinarias y ajenas al riesgo propio de la actividad.

En el mismo documento, la compañía:

  • Negó el cierre del establecimiento.
  • Negó que se trate de un despido masivo.
  • Rechazó los reclamos basados en los artículos 232, 233 y 245 de la LCT.
  • Negó que corresponda efectuar pagos adicionales.
  • Sostuvo que no existiría derecho a iniciar reclamo contra la firma.

Además, dio por finalizado el intercambio epistolar, dejando constancia de que el apoderado actúa en representación de la sociedad.

Judicialización en puerta

Ante la falta de acuerdo, el conflicto se encamina ahora a demandas laborales individuales. En ese ámbito, la Justicia deberá determinar si corresponde la aplicación del artículo 247 o si los trabajadores tienen derecho a percibir la indemnización completa.

El desenlace dependerá de lo que pueda acreditarse sobre la real situación económica de la empresa y la validez de las causales invocadas para justificar los despidos.

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