El oficialismo dio marcha atrás con el proyecto que proponía bajar la edad de imputabilidad a 13 años y avanzó en un acuerdo con bloques aliados para presentar una nueva iniciativa que establezca el piso en 14 años, en línea con el consenso alcanzado con sectores de la oposición. La decisión busca destrabar el debate y acelerar el tratamiento en la Cámara de Diputados, donde el Gobierno pretende discutir el tema en sesión la próxima semana.
Según trascendió desde fuentes parlamentarias, uno de los principales motivos del retiro fue que el dictamen inicial de La Libertad Avanza había fijado la edad en 13 años, cuando el acuerdo previo con aliados era llevarla a 14, tal como figuraba en el texto trabajado durante 2024. Actualmente, la edad de imputabilidad en la Argentina se encuentra establecida en 16 años.
El nuevo proyecto sería similar al que obtuvo dictamen en mayo de 2025, aunque con una modificación clave: la incorporación explícita de partidas presupuestarias para garantizar la implementación de la ley en caso de ser sancionada. En ese sentido, el Gobierno incluyó la asignación de fondos tanto para la Defensoría General de la Nación como para el Ministerio de Justicia, atendiendo a uno de los reclamos centrales de la oposición.
Desde bloques aliados señalaron que la iniciativa ingresaría formalmente una vez integrada la comisión de Justicia de la Cámara Baja, que quedó bajo la presidencia de Álvaro Martínez (LLA). Aclararon además que, pese a la polémica inicial por la propuesta de 13 años, el entendimiento político siempre fue avanzar con un piso de 14, cambio que el oficialismo finalmente aceptó para facilitar el consenso.
Por su parte, desde el Gobierno indicaron que el retiro del proyecto respondió a una “objeción administrativa” y que sigue vigente el dictamen de 2024, al cual se le sumarían las partidas contempladas en el nuevo texto. El proyecto retirado preveía un financiamiento superior a los 23 mil millones de pesos, de los cuales más de 20 mil millones estaban destinados a la Defensoría General y más de 3 mil millones al Ministerio de Justicia.
La discusión por la baja de la edad de imputabilidad vuelve así al centro del debate legislativo, con un nuevo intento del oficialismo por avanzar en una reforma sensible, que combina seguridad, sistema penal juvenil y recursos del Estado.