El ministro de Economía, Luis Caputo, endureció su discurso frente a los gobernadores en plena negociación por la reforma laboral y defendió con firmeza la reducción del Impuesto a las Ganancias para las empresas, una de las medidas centrales del proyecto que impulsa el Gobierno nacional.
En ese marco, el funcionario respondió a los reclamos de los mandatarios provinciales por el impacto fiscal que tendría la iniciativa y remarcó que “la Argentina tiene que bajar impuestos”, al tiempo que cuestionó el modelo económico previo.
Caputo explicó que la reducción del tributo coparticipable comenzaría a impactar recién en 2027 y tendría un costo estimado de $1,5 billones, una cifra que —según sostuvo— representa la mitad de lo que calculan los gobernadores, quienes hablan de una pérdida cercana a los $3 billones y exigen algún tipo de compensación.
En declaraciones radiales, el titular del Palacio de Hacienda se mostró confiado en que el proyecto de modernización laboral avanzará en el Congreso, aunque admitió que la discusión se encuentra trabada por la negativa de las provincias a resignar recursos. “Ellos dicen que la baja de Ganancias les va a costar unos $3 billones, pero en realidad cuesta la mitad”, afirmó.
En ese sentido, Caputo ratificó la estrategia del Gobierno nacional de avanzar con una reducción de la presión impositiva para mejorar la competitividad y atraer inversiones. “Para generar inversiones y ganar competitividad necesitamos seguir bajando impuestos. El modelo viejo no sirve”, sostuvo, al criticar esquemas basados en salarios bajos en dólares, tipo de cambio alto e ineficiencias estructurales.
Mientras tanto, los gobernadores preparan una nueva reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con el foco puesto en la recaudación y en la búsqueda de alternativas para compensar la eventual pérdida de fondos que generaría la reforma laboral.
El principal punto de conflicto es el artículo 190 del proyecto, que propone reducir la alícuota del Impuesto a las Ganancias para las empresas en los tramos 2 y 3, bajando del 30% al 27% y del 35% al 31,5%.
Según estimaciones de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), el impacto en la coparticipación alcanzaría los $3,18 billones, aunque desde el Gobierno nacional insisten en que el costo real sería sensiblemente menor.
En este contexto, los mandatarios provinciales buscan que cualquier acuerdo incluya un mecanismo de compensación que rija de manera uniforme para todas las provincias, como condición para garantizar el respaldo legislativo al proyecto oficial.