La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes el envío a la Asamblea Nacional de un proyecto de ley de amnistía general destinado a beneficiar a presos políticos, en una decisión que se produce en medio de crecientes presiones internacionales y negociaciones diplomáticas con Estados Unidos.
El anuncio se realizó durante el acto de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), celebrado a puertas cerradas y sin acceso a la prensa. Allí, Rodríguez afirmó que la iniciativa busca “favorecer la convivencia” y pidió que “nadie imponga la violencia o la venganza” en el país.
Según explicó, la propuesta fue discutida previamente con Nicolás Maduro antes del 3 de enero, fecha en la que el mandatario fue capturado por fuerzas militares estadounidenses. La líder chavista sostuvo que la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, podría aprobar la ley durante la primera semana de febrero.
En paralelo, Rodríguez anunció que el Helicoide —uno de los centros de detención más emblemáticos de la represión chavista— dejará de funcionar como cárcel y será reconvertido en un espacio de servicios sociales y actividades deportivas. La decisión generó impacto simbólico, dado que el edificio ha sido denunciado durante años por organismos de derechos humanos como un centro de torturas y detenciones arbitrarias.
La presidenta encargada también adelantó que su gobierno impulsará medidas para combatir la corrupción dentro del sistema judicial, aunque no precisó plazos ni alcances concretos.
El anuncio se produce en un contexto de fuerte presión internacional. El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, condicionó avances en la relación bilateral a la liberación de presos políticos y a cambios verificables en materia de derechos humanos. En ese marco, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó ante el Senado estadounidense que la liberación de detenidos forma parte del proceso de “transición” en Venezuela, aunque reconoció que los avances han sido más lentos de lo esperado.
De acuerdo con Rodríguez, la amnistía excluiría a personas condenadas por homicidio, narcotráfico y delitos comunes, y alcanzaría inicialmente a detenidos por razones políticas. Sin embargo, persisten dudas sobre el alcance real de la norma y su implementación efectiva.
Desde principios de enero se desarrolla un proceso de excarcelaciones anunciado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Las cifras oficiales, no obstante, difieren: el ministro del Interior, Diosdado Cabello, informó 808 excarcelaciones; el fiscal general, Tarek William Saab, habló de 643 medidas cautelares; mientras que organizaciones de derechos humanos contabilizaron apenas 302 liberaciones.
En muchos casos, las personas excarceladas continúan bajo restricciones judiciales, como prohibiciones para declarar a la prensa, limitaciones en el uso de redes sociales y presentaciones periódicas ante tribunales.
Organizaciones como el Comité de Madres en Defensa de la Verdad impulsaron un proyecto alternativo de amnistía que propone libertad plena, garantías de no repetición y mecanismos de reparación. En paralelo, familiares de detenidos mantienen vigilias frente a centros de reclusión exigiendo liberaciones sin condiciones.
Según la ONG Foro Penal, desde 2014 se registraron en Venezuela 18.824 detenciones por motivos políticos, más de 14.000 excarcelaciones y miles de personas que aún permanecen bajo algún tipo de medida restrictiva.