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El Gobierno endurece su postura frente a Techint y el conflicto por Vaca Muerta sigue abierto

El Gobierno nacional decidió no retroceder en la disputa con el grupo Techint tras la polémica licitación para la construcción de un gasoducto en Vaca Muerta, un conflicto que escaló rápidamente y que podría derivar en una denuncia por competencia desleal. La empresa del empresario Paolo Rocca evalúa una presentación judicial luego de haber perdido un contrato millonario frente a una firma india, mientras el presidente Javier Milei salió a responder con dureza a través de las redes sociales.

La controversia se desató luego de que el consorcio a cargo del proyecto lanzara una licitación internacional para la compra de 480 kilómetros de tubos destinados a una obra clave que conectará Vaca Muerta con el puerto de San Antonio Oeste, en Río Negro. En el proceso participaron 15 proveedores de distintos países, entre ellos Argentina, España, China, India, Colombia, México, Japón, Grecia y Turquía.

Finalmente, la adjudicación quedó en manos del conglomerado indio Welspun, que presentó una oferta por USD 203 millones, con condiciones de pago y garantías más flexibles, lo que representó un valor aproximadamente 40% menor al de su principal competidor local. A través de su filial Tenaris, Techint había ofertado un monto cerca de 90 millones de dólares más alto.

Desde el grupo empresario sostuvieron que la propuesta ganadora constituye un caso de dumping, al argumentar que Welspun produce sus tubos con chapa proveniente de China, lo que le permitiría ofrecer precios significativamente inferiores a los del mercado. En ese marco, dejaron trascender la posibilidad de presentar una denuncia por competencia desleal.

La respuesta del Gobierno fue tajante. Fuentes cercanas al Presidente afirmaron que no se convalidarán precios más elevados para favorecer a un proveedor local y que, en caso de concretarse la denuncia, será analizada por la Comisión Nacional de Comercio Exterior. Por ahora, no hay señales de que el Ejecutivo evalúe modificar el contrato ya adjudicado.

La Unión Industrial Argentina evitó pronunciarse públicamente, aunque fuentes de la entidad señalaron que se trata de un conflicto entre privados y subrayaron la necesidad de resolverlo con rapidez, dada la relevancia estratégica de la obra para la competitividad energética del país y para el empleo. También remarcaron la importancia de mantener reglas claras, diálogo institucional y previsibilidad para sostener la inversión.

En paralelo, el debate se trasladó al plano político y mediático. Desde Mar del Plata, el presidente Milei respondió en su cuenta de X con un mensaje crítico hacia quienes cuestionaron la apertura de importaciones, sugiriendo vínculos espurios detrás de esas posiciones. Un día antes, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había defendido el resultado de la licitación y remarcado que aceptar una oferta 40% más cara hubiera impactado negativamente en la rentabilidad del proyecto, la inversión, el empleo y el precio de la energía.

Sturzenegger también rechazó el pedido de Techint de contar con un derecho de preferencia para igualar la oferta ganadora, al advertir que ese mecanismo desalentaría la competencia en futuras licitaciones. Según el funcionario, imponer sobrecostos en los insumos es parte de las ineficiencias que el país debe corregir si pretende ser competitivo a nivel global.

Mientras tanto, la Secretaría de Industria y Comercio sigue de cerca la situación y aguarda una eventual presentación formal para definir los pasos a seguir. Por ahora, el conflicto permanece abierto y sin una resolución clara, en un escenario donde se cruzan intereses empresariales, políticas de apertura económica y una obra considerada clave para el desarrollo energético del país.

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