Salieron a la luz denuncias por presuntas irregularidades millonarias en Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) que tienen como principal señalado a su presidente, Demian Reidel, economista y físico, cercano colaborador del presidente Javier Milei y exfuncionario del Banco Central. Las acusaciones apuntan a supuestos sobreprecios de hasta el 140% en una licitación para servicios de limpieza en la Central Nuclear Atucha, además de maniobras similares en el área informática.
Según trascendió, la licitación cuestionada tenía como objetivo contratar el servicio de limpieza de un sector de la Planta Atucha por un período de dos años, una tarea que requiere personal capacitado y el uso de trajes especiales por la exposición a radiación. De acuerdo con las denuncias internas, los valores ofertados superaron ampliamente los montos considerados razonables para ese tipo de prestación.
Fernando Pérez, secretario general de ATE Zárate y trabajador de Atucha, sostuvo que una contratación que debía rondar los 600 mil dólares terminó siendo justificada por auditorías internas en un monto cercano a los 7 millones de dólares. “Es una barbaridad, un sobreprecio terrible”, afirmó en declaraciones periodísticas. Consultada por estos hechos, la empresa Nucleoeléctrica Argentina se limitó a señalar que “no tiene comentarios sobre el tema en este momento”.
La denuncia detalla que, de nueve empresas que se presentaron al proceso licitatorio, solo tres cumplieron con los llamados “Requisitos de Admisibilidad”, mientras que otras fueron descartadas, incluso firmas que ya habían prestado el servicio de manera satisfactoria y a precios similares a los vigentes. El documento cuestiona estos criterios y plantea la necesidad de investigarlos.
La presentación formal fue realizada ante el Comité de Integridad de NASA y está firmada por el gerente de la Planta Atucha I-II, Juan Pablo Nolasco Sáenz, un profesional con más de 25 años de trayectoria dentro de la empresa. En el escrito, el directivo reconstruyó de manera cronológica una serie de hechos vinculados a la licitación y respaldó a dos trabajadores que, inicialmente, habrían sido señalados como responsables.
Según Pérez, la conducción de NASA intentó responsabilizar y despedir a los contadores Martín Reina y Gabriel Blejer, quienes luego fueron sobreseídos y desligados de toda acusación. Tras este episodio, Nolasco Sáenz y otros funcionarios pusieron sus renuncias a disposición. Posteriormente, Reidel firmó un documento en el que afirmó que lo ocurrido no afectó “el buen nombre, reputación y honor” de los trabajadores involucrados.
En relación con el proceso licitatorio, Pérez afirmó que la competencia estuvo “direccionada” y que de las nueve empresas interesadas, siete fueron descartadas. Las tres firmas que llegaron a la instancia final presentaron ofertas muy superiores a las de la empresa que actualmente presta el servicio. La Mantovana cotizó más de 11.441 millones de pesos, Limpiolux alrededor de 11.387 millones y LX Argentina poco más de 10.783 millones, lo que igualmente representaba un incremento del 140% respecto del contrato vigente.
Desde el sindicato también advirtieron que otras empresas que podrían haber competido estarían vinculadas a hechos de corrupción o a funcionarios de distintos organismos del Estado. Pérez indicó que el objetivo de la denuncia fue impulsar una investigación interna para determinar responsabilidades y que el caso también será llevado a la Justicia.
La gravedad de las acusaciones llevó al directorio de NASA a frenar la contratación y a desplazar a dos altos funcionarios: el gerente general Marcelo Famá y el gerente de Coordinación Administrativa Hernán Pantuso, ambos considerados hombres de confianza de Reidel. En su lugar fue designado Fernando Monserrat, un técnico de carrera con reconocimiento entre los trabajadores.
Este conflicto se da en paralelo al proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina impulsado por el Gobierno nacional. Según denunció Pérez, la empresa es superavitaria y el 44% de sus acciones serían transferidas a privados en el marco de la Ley de Bases. Además, afirmó que en los últimos dos años se produjeron más de 300 despidos y que existía un plan para reducir aún más la planta de personal.
En ese contexto, también se cuestionó la paralización del proyecto CAREM, un reactor nuclear diseñado por la Comisión Nacional de Energía Atómica, cuya obra fue suspendida pese a emplear a más de 1.500 trabajadores. Para el sindicato, las denuncias por sobreprecios se inscriben en un proceso más amplio que incluye privatización, despidos y el freno a proyectos estratégicos del sector nuclear.