El Gobierno nacional avanzó con una modificación clave en el régimen del personal de las Fuerzas Armadas. A través del DNU 34/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei introdujo cambios en la Ley 19.101 que permiten a militares en actividad desempeñarse en cargos políticos dentro del Ministerio de Defensa sin pasar a situación de disponibilidad.
Hasta la entrada en vigencia del decreto, el personal militar que asumía funciones políticas debía pasar primero a disponibilidad y luego a situación pasiva, lo que implicaba que ese período no se computara como servicio efectivo. Con la nueva normativa, los oficiales y suboficiales podrán ocupar esos cargos sin que se vea interrumpida su carrera profesional, salvo en el caso de los rangos superiores —teniente general, almirante o brigadier general— y de quienes hayan ocupado las máximas jefaturas de las Fuerzas Armadas.
Desde el Ministerio de Defensa, que conduce Carlos Alberto Presti, argumentaron que la medida busca optimizar la gestión del área permitiendo que el Estado cuente con personal altamente capacitado en puestos estratégicos. Según el comunicado oficial, el esquema anterior desalentaba la incorporación de cuadros con experiencia técnica y conocimiento específico, ya que el paso por el Ministerio no era considerado servicio efectivo.
La cartera sostuvo además que la formación y trayectoria propias de la carrera militar resultan fundamentales para la planificación y conducción de la defensa nacional. En ese sentido, aseguraron que el decreto se enmarca en una política de integración entre personal civil y militar dentro del Ministerio, y que no introduce privilegios ni altera aspectos centrales de la carrera castrense.
La decisión generó críticas desde la oposición. El exministro de Defensa Agustín Rossi calificó la medida como un “retroceso absoluto” y advirtió que la modificación compromete la neutralidad política de las Fuerzas Armadas. Según explicó, el nuevo régimen permite que un militar en actividad sea funcionario político y luego regrese a comandar unidades operativas, algo que, a su juicio, profundiza la politización de las fuerzas.
Rossi también señaló que el decreto revierte un esquema que buscaba preservar la separación entre funciones políticas y militares, y alertó sobre un proceso simultáneo de militarización del Ministerio de Defensa y de creciente involucramiento político de las Fuerzas Armadas.
El DNU reaviva así un debate de fondo sobre el rol institucional de los militares, la conducción civil de la defensa y los límites entre profesionalismo castrense y participación en la gestión política.