A dos años del inicio del gobierno de Javier Milei, la relación con los gobernadores atraviesa una fase más pragmática y negociadora, marcada por la necesidad de sumar votos en el Congreso para avanzar con el paquete de reformas impulsado por la Casa Rosada. La reforma laboral, que el oficialismo buscará tratar en febrero, aparece como la primera prueba clave de este nuevo esquema político.
Tras un comienzo signado por la confrontación, el recorte de transferencias y la paralización de la obra pública, el Gobierno fue reconfigurando su vínculo con las provincias. El fracaso de la primera versión de la Ley Bases dejó en evidencia el peso del poder territorial de los mandatarios provinciales y la imposibilidad de avanzar sin acuerdos legislativos.
En una segunda etapa, con el ajuste fiscal ya consolidado y sin mayorías propias, el Ejecutivo abrió canales de negociación más selectivos. Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la reactivación puntual de obras y los acuerdos sobre deudas previsionales se transformaron en herramientas para construir consensos, con la aprobación del Presupuesto 2026 como antecedente inmediato.
El debate por la reforma laboral encuentra ahora a los gobernadores reordenando posiciones. Un grupo de mandatarios mantiene un vínculo fluido con la Casa Rosada y se muestra dispuesto a acompañar la iniciativa, aunque con reclamos abiertos vinculados a fondos, infraestructura y previsibilidad financiera. Entre ellos se ubican gobernadores de provincias como Mendoza, Chaco, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, San Juan y Salta, además del jefe de Gobierno porteño.
En un plano intermedio se posiciona el espacio de Provincias Unidas, integrado por mandatarios que combinan apoyo legislativo con una postura crítica. Gobernadores como Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) consideran necesaria una modernización del régimen laboral, pero plantean que el debate debe ser punto por punto y sin acelerar los tiempos parlamentarios. Reclaman además que los costos fiscales de la reforma no recaigan sobre las provincias.
El principal foco de tensión se concentra en el capítulo tributario del proyecto, que contempla modificaciones en impuestos coparticipables como Ganancias y Sociedades. Varios gobernadores advierten que la reducción de alícuotas podría afectar de manera significativa la recaudación provincial y sostienen que, de avanzar, el impacto debería ser absorbido por el Estado nacional durante 2026.
En el otro extremo se ubica un bloque de gobernadores con una postura abiertamente opositora, que cuestiona el impacto federal de las reformas impulsadas por el Ejecutivo y denuncia una pérdida sostenida de recursos provinciales. Este sector advierte que la reforma laboral profundizaría el desfinanciamiento y anticipa resistencia legislativa.
El telón de fondo de estas negociaciones es el ajuste fiscal. La ejecución presupuestaria de 2025 mostró una fuerte caída real del gasto, con recortes significativos en transferencias a provincias y municipios. En ese contexto, los ATN y las deudas previsionales de la Anses se convirtieron en variables centrales para definir apoyos y alineamientos.
La discusión por la reforma laboral expone así el nuevo vínculo entre Milei y los gobernadores: menos confrontación discursiva y más negociación condicionada, en un Congreso fragmentado donde cada voto será determinante para el rumbo político del tercer año de gestión.