Mientras el presidente Javier Milei inició una gira internacional que incluye Córdoba, Asunción y el Foro de Davos, el Gobierno volvió a reunir a su mesa política en la Casa Rosada para ordenar tensiones internas y definir la estrategia legislativa de cara a febrero. El eje central del encuentro fue la reforma laboral, un proyecto que expone diferencias cada vez más marcadas dentro del gabinete nacional.
Durante la reunión, el ministro del Interior, Diego Santilli, presentó un informe sobre las demandas que recogió de los gobernadores en su primera semana de gestiones para reunir apoyos parlamentarios. A partir de ese diagnóstico, quedaron expuestas dos posturas enfrentadas dentro del oficialismo. Por un lado, el ala política más dialoguista, que plantea la necesidad de negociar modificaciones al texto para garantizar los votos necesarios. Por el otro, el sector económico del Gobierno, encabezado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que rechaza cualquier cambio y sostiene que la iniciativa debe avanzar sin concesiones.
La mesa política, creada para contener disputas internas, busca recalibrar la estrategia sin afectar la proyección internacional del Presidente. Aunque Milei y su hermana Karina no participaron del encuentro, estuvieron representados por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y por Eduardo “Lule” Menem. La reunión fue coordinada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y contó con la participación de la senadora Patricia Bullrich, el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
El oficialismo apunta a llevar la reforma laboral al recinto el 11 de febrero, en el marco del segundo período de sesiones extraordinarias, que se extendería del 2 al 27 de ese mes. En diciembre, un intento por acelerar el tratamiento del proyecto debió ser frenado por la falta de consensos, la convocatoria a una marcha de la CGT y las tensiones incluso con aliados legislativos. En ese contexto, otros proyectos como la modificación del Código Penal y cambios en la Ley de Glaciares podrían quedar postergados para las sesiones ordinarias que comienzan el 1° de marzo.
Según trascendió tras el encuentro, no existe aún una posición unificada sobre cómo construir una mayoría parlamentaria sólida. Mientras el sector político del Gobierno insiste en avanzar con la sanción de la ley aun a costa de negociar con las provincias, el equipo económico mantiene una postura intransigente. El antecedente del Presupuesto 2026, donde se realizaron concesiones a gobernadores sin lograr blindar todos los artículos clave, es utilizado como argumento para rechazar nuevos acuerdos.
Desde la Casa Rosada sostienen que el proyecto no será modificado y buscan desalentar las expectativas de los mandatarios provinciales, preocupados por el impacto fiscal de la reforma, especialmente en lo referido a la baja del impuesto a las Ganancias y su efecto sobre la coparticipación. Los gobernadores de Chubut, Mendoza, Chaco y San Juan ya manifestaron inquietudes en ese sentido durante las reuniones con Santilli, y algunos plantearon pedidos concretos vinculados a obras públicas y financiamiento.
El Gobierno afirma que la eventual pérdida de recaudación será compensada con mayor empleo formal, argumento que es cuestionado por sectores de la oposición, que advierten sobre el impacto negativo en la recaudación provincial y municipal. En ese escenario, la reforma laboral se convirtió en uno de los principales focos de tensión política dentro del oficialismo y un desafío clave para la agenda legislativa del verano.
Mientras tanto, Santilli retomará la próxima semana su agenda de reuniones con gobernadores, con visitas previstas a Salta, Neuquén y Entre Ríos, en un intento por destrabar apoyos y acercar posiciones en medio de un debate que sigue abierto dentro del propio Gobierno.