La fiscalía federal solicitó al juez Marcelo Aguinsky ampliar la investigación en una causa que involucra al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y al empresario Javier Faroni, ante la sospecha de la existencia de una red de intermediarios que habría desviado más de 300 millones de dólares vinculados a ingresos de la Selección Argentina fuera del circuito bancario local.
El pedido apunta a profundizar el análisis de operaciones realizadas entre 2021 y 2025 y a determinar si los fondos fueron canalizados a través de sociedades nacionales e internacionales bajo el argumento de evitar las restricciones cambiarias vigentes en el país. En ese marco, el fiscal solicitó avanzar sobre la compra de una mansión en Pilar y establecer si hubo intermediarios que movieron ganancias millonarias mediante mecanismos financieros irregulares.
Además de Tapia y Faroni, la investigación menciona a Érica Gillette, administradora de TourProdEnter LLC; Leandro Petersen, exresponsable del área comercial y de marketing de la AFA; Andrés Scornik, controlante de Global FC LLC; Marcelo Fabián Ramón Saracco, operador financiero vinculado a la AFA y socio de Odeoma Gestión; y Melchor Amoedo Merlín, socio español de Odeoma Gestión SL.
Según la fiscalía, parte de los fondos habrían sido derivados a empresas offshore y actividades privadas. Entre los movimientos detectados figuran transferencias desde TourProdEnter por 11.587 dólares a Carbello SRL, dedicada a la compra de caballos de salto, además de giros realizados por Faroni a firmas vinculadas al transporte, compra y venta de caballos.
El fiscal pidió determinar la relación entre las personas investigadas y las sociedades involucradas, al señalar que existe un “denominador común” en las maniobras bajo análisis. El juez Aguinsky, por su parte, considera que el eje central de la investigación es la AFA y el manejo de sus ingresos.
En paralelo, la Coalición Cívica volvió a presentarse en la causa para solicitar la ampliación de la investigación. Los denunciantes, Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, plantearon que se habría conformado una red internacional de intermediarios financieros que canalizó más de 300 millones de dólares fuera del sistema bancario argentino, mediante comisiones que habrían alcanzado el 30% de los montos administrados.
En su presentación, los dirigentes de la Coalición Cívica solicitaron que se investiguen posibles delitos de lavado de dinero y administración fraudulenta. Según la denuncia, la AFA habría recurrido al menos a seis empresas intermediarias en el exterior para percibir ingresos provenientes de patrocinadores y otras fuentes, que luego eran distribuidos fuera del circuito legal.
El escrito también señala que el esquema habría operado bajo la conducción de Tapia y con la intervención de dirigentes de su entorno, entre ellos Leandro Petersen, el tesorero Pablo Ariel Toviggino y el exdirector ejecutivo de la AFA Juan Pablo Beacon, quienes habrían actuado como nexos entre las empresas intermediarias y las firmas auspiciantes.
La causa continúa en etapa de investigación y el juez deberá resolver si hace lugar a la ampliación solicitada por la fiscalía para profundizar el análisis del presunto esquema financiero.