A menos de un mes de que la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional llegue al Senado, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encendió señales de alerta y confirmó que reunirá a los legisladores nacionales de su espacio para fijar una posición común. La advertencia central del mandatario fue clara: el proyecto debe ser analizado en profundidad para evitar que “se violenten los derechos de los trabajadores”.
La definición llegó este martes por la mañana, en diálogo con Radio Dos desde Casa de Gobierno, en el inicio formal de una agenda política que promete tensión en pleno verano. En un escenario donde cada voto será determinante, Corrientes aparece como una provincia clave por su representación legislativa, su estructura productiva y una situación fiscal que muestra signos de fragilidad.
Valdés explicó que el encuentro con los legisladores correntinos se realizará en los próximos días, con el objetivo de evaluar el contenido del proyecto que impulsa la Casa Rosada y que el ministro del Interior, Diego Santilli, viene negociando con los gobernadores. “Tenemos que analizar los pro y los contras, y fundamentalmente ver si no se violentan los derechos de los trabajadores”, sostuvo el gobernador, marcando una línea política que introduce distancia respecto del entusiasmo oficial del Ejecutivo nacional.
En el Senado, el oficialismo provincial cuenta con tres representantes alineados en Vamos Corrientes: los radicales Eduardo “Peteco” Vischi y Gabriela Valenzuela, junto al exintendente peronista Carlos Mauricio “Camau” Espínola. En Diputados, en cambio, el peso correntino es mucho menor, con una sola banca oficialista ocupada por el radical Diógenes González. Ese esquema refuerza el rol del Senado como campo decisivo y eleva el costo político de un eventual aval sin condiciones.
Mientras Santilli recorre las provincias en busca de apoyos, en Corrientes el contacto con Nación sigue siendo difuso y sin fechas confirmadas. Valdés admitió que el encuentro está en agenda, pero no cerrado, y dejó entrever que la negociación no se limita al texto de la reforma, sino que está atravesada por la situación financiera provincial.
El propio gobernador lo explicitó al referirse a la coparticipación: aseguró que los recursos nacionales “no han crecido y vienen en baja”, y planteó la expectativa de un reacomodamiento para poder sostener la administración provincial. Ese dato introduce una variable clave en la discusión: la reforma laboral forma parte de un paquete económico más amplio que Nación defiende como necesario, pero que las provincias evalúan en paralelo a la falta de recursos, obras y asistencia.
En Corrientes, además, el impacto de una reforma de este tipo genera inquietud por el perfil del empleo local, con fuerte peso del sector rural, el comercio y las pequeñas y medianas empresas de servicios. En el oficialismo correntino reconocen que un acompañamiento automático podría tener costos políticos internos, en un contexto de desaceleración económica y tensiones sociales.
En ese marco, Valdés volvió a mostrarse públicamente este lunes en La Cruz, tras el receso de inicio de año, encabezando una reunión con la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes junto a ministros provinciales, autoridades policiales y municipales. Allí se abordaron problemáticas como el abigeato y la seguridad rural, temas que también se conectan con el debate laboral y productivo que atraviesa a la provincia.
A la discusión estructural se suma la agenda de emergencia. El gobernador confirmó que persisten evacuados en localidades como San Roque, por el desborde del río Santa Lucía, y que continúa la asistencia en San Luis del Palmar. Esa realidad refuerza la dependencia de recursos nacionales y agrega presión a la negociación política con Buenos Aires.
Con un Senado dividido, provincias en alerta y derechos laborales en el centro del debate, Corrientes empieza a jugar una partida delicada. La advertencia de Valdés marca un límite: el apoyo no será automático y el costo político de la reforma ya empezó a sentirse.