El gobernador Juan Pablo Valdés encabezó este lunes una reunión con productores rurales en la localidad de La Cruz, en un intento por descomprimir el fuerte malestar del sector ganadero luego del escándalo por un grave caso de abigeato ocurrido la semana pasada, que volvió a dejar en evidencia las falencias del sistema de seguridad y respuesta judicial en el interior correntino.
El encuentro se realizó en la sede de la Sociedad Rural local y contó con la presencia de funcionarios provinciales, entre ellos los ministros de Seguridad y de Producción, autoridades de la Policía de Corrientes y el intendente de La Cruz, Luis Calomarde. Por parte del sector rural participaron dirigentes de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (ASRC), encabezados por su presidente, Carlos Roldán, además de productores de la zona.
Desde el Gobierno provincial difundieron un comunicado escueto, en el que se limitaron a señalar que la reunión se dio en el marco del “fortalecimiento del diálogo y el trabajo conjunto” con el sector rural, y que se abordaron temas vinculados al abigeato y a cuestiones productivas. Sin embargo, el trasfondo del encuentro estuvo marcado por la creciente preocupación de los ganaderos ante la reiteración de robos de ganado y la sensación de desprotección en vastas zonas del interior.
La reunión se produjo pocos días después de un episodio que generó fuerte indignación en La Cruz, cuando la Policía debió esperar casi 24 horas para obtener una orden judicial que permitiera allanar una vivienda donde se había detectado carne proveniente de faena clandestina. La demora judicial, sumada a la reiteración de hechos similares en la región, profundizó el enojo de los productores, especialmente en la zona de la costa del río Uruguay.
Desde el sector rural vienen advirtiendo desde hace tiempo que el abigeato dejó de ser un hecho aislado para convertirse en un problema estructural, con bandas organizadas, faena ilegal y una respuesta estatal que consideran lenta e insuficiente. La presencia del gobernador en La Cruz fue leída como un intento de contener ese malestar y evitar que el conflicto escale públicamente.
Pese al gesto político, no trascendieron anuncios concretos ni medidas inmediatas para reforzar la prevención, acelerar los procedimientos judiciales o mejorar la articulación entre fuerzas de seguridad y el Poder Judicial. Mientras tanto, los productores siguen reclamando soluciones de fondo ante un delito que golpea directamente a la actividad ganadera y al sustento económico de numerosas familias rurales.