El presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon inocentes este lunes durante su primera audiencia judicial en Nueva York, luego de que se les leyeran cargos por narcoterrorismo y conspiración. En su presentación ante el juez federal Alvin Hellerstein, Maduro se identificó como “presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela” y afirmó ser un “prisionero de guerra”, alegando que fue secuestrado en una acción militar de Estados Unidos y que se ampara en los Convenios de Ginebra.
La declaración del mandatario puso en el centro del debate el principio de inmunidad de los jefes de Estado y la soberanía nacional, pilares del Derecho Internacional Público. Desde distintos sectores se señala que la captura y traslado de Maduro a territorio estadounidense vulnera normas básicas establecidas en la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de los Estados.
La defensa del presidente venezolano quedó a cargo del abogado Barry Pollack, conocido por haber representado a Julian Assange. El letrado cuestionó la legalidad de la operación militar que derivó en la detención de su cliente y sostuvo que, en su condición de jefe de Estado, Maduro goza de privilegios e inmunidades reconocidos por el derecho internacional.
Maduro y Cilia Flores fueron capturados el pasado 3 de enero en Caracas durante un operativo militar estadounidense que, según distintas fuentes, dejó decenas de víctimas. Posteriormente fueron trasladados a Estados Unidos, donde la imagen del mandatario esposado y expuesto públicamente generó fuertes críticas y comparaciones con prácticas de humillación propias de otros contextos históricos.
En el plano internacional, la reacción fue dispar. Suiza recordó inicialmente la prohibición del uso de la fuerza, aunque luego decidió congelar presuntos bienes de Maduro. China y Rusia exigieron la liberación inmediata del presidente venezolano y denunciaron una violación flagrante del derecho internacional. En la Unión Europea, en cambio, conviven posturas críticas hacia Maduro con cuestionamientos a la legalidad de los métodos utilizados por Washington.
El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó ante el Consejo de Seguridad que la acción militar de Estados Unidos no respetó el derecho internacional y advirtió que el mantenimiento de la paz global depende del cumplimiento estricto de la Carta de las Naciones Unidas. En paralelo, sindicatos y movimientos sociales europeos realizaron manifestaciones en repudio a la intervención estadounidense y en solidaridad con Venezuela.
Mientras avanza el proceso judicial, el caso de Nicolás Maduro abre un debate de alcance global sobre los límites del poder militar, la vigencia del derecho internacional y las consecuencias políticas de este tipo de acciones en el sistema internacional.